Críticas a la intervención federal
Puerto de Ushuaia

Críticas a la intervención federal

El integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Ezequiel Rodríguez, expresó objeciones al funcionamiento de la intervención federal del Puerto. Cuestionó la falta de transparencia, aseguró que el sector privado desconoce cuáles son los objetivos y las mejoras que se pretenden alcanzar y reconoció que la entidad empresaria no está en desacuerdo con el reclamo para que la terminal vuelva a ser administrada por la Provincia. “No nos da comodidad esta situación”, afirmó.
08/10/2026
E

l integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Ezequiel Rodríguez, planteó una serie de cuestionamientos al funcionamiento de la intervención federal del Puerto de Ushuaia y puso el foco en uno de los aspectos que continúa sin respuestas claras: cuáles son sus objetivos y qué mejoras concretas produjo sobre la principal terminal portuaria de Tierra del Fuego.

En primer término, Rodríguez destacó la dimensión económica del puerto y su incidencia sobre prácticamente toda la actividad privada de la capital fueguina. Según explicó, la actividad portuaria aporta alrededor del 5% del Producto Bruto provincial y genera, directa e indirectamente, unos 8.000 puestos de trabajo cuando se consideran el turismo y los servicios vinculados con el abastecimiento de los buques antárticos.

“El puerto es un motor que enciende o que permite la transformación en la economía de nuestra ciudad”, sostuvo Rodríguez, quien además remarcó que la actividad vinculada con la terminal tiene una dimensión económica superior a otros sectores productivos de Tierra del Fuego.

Precisamente por esa importancia, el dirigente empresario reconoció la preocupación existente frente a una intervención cuyo funcionamiento continúa generando incertidumbre. Desde la Cámara, señaló, se intentó mantener contacto con todos los sectores involucrados, aunque admitió que empresarios y trabajadores terminaron convertidos en “rehenes de una falta de diálogo entre Provincia y Nación”.

En ese sentido, Rodríguez consideró que la resolución del conflicto requiere necesariamente una instancia política entre ambas jurisdicciones. “Se tienen que sentar el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial a resolverlo”, afirmó. Sin embargo, reconoció que existen “un montón de situaciones que no están claras” y que los sectores privados tampoco encuentran respuestas frente al escenario actual.

No obstante, las objeciones de la entidad empresaria no se limitan a la disputa política entre Nación y Provincia. Consultado específicamente sobre qué planteó la Cámara ante las autoridades nacionales, Rodríguez confirmó que transmitieron su malestar y reclamaron explicaciones sobre las razones que justifican la continuidad de la intervención.

“Se ha planteado la incomodidad, se ha planteado que tiene que haber más transparencia en cuáles son las razones y cuáles son las mejoras que esta intervención viene a buscar o cuál es el objetivo”, afirmó.

A continuación, fue todavía más categórico respecto de la falta de resultados u objetivos identificables: “Eso no lo sabemos, no lo podemos ver, no lo podemos materializar hoy”.

De esta manera, Rodríguez puso en discusión uno de los principales interrogantes que rodean a la administración federal del puerto: después de meses de intervención, uno de los sectores económicos directamente vinculados con la actividad asegura desconocer cuáles son los resultados concretos perseguidos por la medida y qué modificaciones positivas produjo en el funcionamiento de la terminal.

Además, el dirigente habló de una “carencia real” en las explicaciones brindadas alrededor de la intervención. “Entendemos que hay una carencia real en las razones (...) o un desconocimiento de cuál es el verdadero trasfondo que tiene esta intervención”, manifestó.

“Sí lo planteamos, sí hemos dejado ver que no nos da comodidad esta situación”, remarcó Rodríguez, al confirmar que la Cámara trasladó esas objeciones en las conversaciones mantenidas con distintos actores.

A ello se suma otro problema: la dificultad para identificar interlocutores dentro de la propia intervención federal. Rodríguez admitió que tampoco para la Cámara resulta sencillo encontrar funcionarios capaces de explicar las decisiones adoptadas y responder a los interrogantes existentes.

“Si el periodismo no lo consigue, que son los que tienen el expertise de salir a buscar a las personas y entender quién es la persona correcta para que brinde la información, imaginate lo difícil que es para nosotros”, graficó.

En ese contexto, Rodríguez también marcó una coincidencia significativa con los trabajadores portuarios. Ante la consulta directa acerca del reclamo gremial para poner fin a la intervención y devolver la administración del puerto a la Provincia, respondió: “No estamos en desacuerdo con ese pedido”.

Sin embargo, aclaró que la Cámara considera que esa salida debe surgir de un acuerdo institucional entre los gobiernos nacional y provincial y rechazó que pueda alcanzarse mediante medidas de fuerza. “Lo que hace falta es que se sienten, en este caso Nación y Provincia, y lleguen a ese acuerdo”, sostuvo.

Por ello, desde la Cámara insisten en la conformación de una mesa que reúna a los distintos sectores involucrados. Rodríguez consideró que las reuniones bilaterales demostraron ser insuficientes y reclamó un ámbito donde trabajadores, empresarios y representantes políticos puedan exponer sus posiciones y establecer compromisos concretos.

De hecho, la entidad convocó para el 15 de octubre a una mesa de trabajo denominada “Líderes del fin del mundo”, con la intención de generar un espacio donde puedan discutirse los problemas que atraviesan la ciudad y su economía.

Finalmente, Rodríguez reclamó que las prioridades definidas por trabajadores, comerciantes y demás actores de Ushuaia sean incorporadas a las decisiones oficiales. “La opinión o la versión de la Cámara junto con el sindicato y junto a otras partes de esta sociedad tenemos que poner las prioridades que tenemos como ciudad, como comunidad empresaria, y eso tiene que ser una hoja de ruta para el gobierno”, afirmó.

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