l conflicto por la administración del Puerto de Ushuaia tendrá una nueva instancia a fines de octubre, cuando representantes sindicales vinculados a la organización internacional lleguen a Tierra del Fuego para reunirse con trabajadores y autoridades provinciales y conocer qué avances existen para recuperar el control de la terminal.
El dirigente nacional de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos Argentinos, Ricardo Alonso, explicó que el pronunciamiento surgió después de que los gremios argentinos elevaran un informe sobre lo ocurrido desde enero. “Nos reunimos con el titular de la gestión gremial internacional, le transmitimos nuestra preocupación, nos pidió un informe sobre lo que estaba pasando en Tierra del Fuego y, a partir de ahí, exigieron la inmediata restitución del puerto a su titular, que es la Provincia, y la reincorporación también inmediata de los 140 trabajadores que quedaron afuera”, señaló.
Alonso sostuvo que uno de los principales problemas es la dificultad para conocer qué ocurre dentro de la terminal desde que comenzó la intervención. Aseguró que los sindicatos acceden principalmente a comunicados oficiales y que tampoco conocen los resultados de las negociaciones mantenidas para una eventual restitución. “No tenemos ninguna noticia de qué está pasando con el Puerto de Ushuaia. La información que se puede conseguir son simples comunicados muy cortos, muy escuetos y no mucho más”, afirmó.
El dirigente aseguró además que no conoce antecedentes de una intervención nacional de estas características sobre un puerto provincial. Diferenció el caso de una intervención temporaria realizada por la propia Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata y consideró que lo ocurrido en Ushuaia genera preocupación por el precedente que podría establecer. “De intervención en este concepto y por parte de Nación no hay ningún antecedente. Es la primera vez que sucede con Ushuaia”, sostuvo.
También cuestionó los resultados obtenidos durante estos meses. Según su evaluación, no se concretaron las grandes obras que inicialmente se señalaban como necesarias y todavía no existe una explicación suficiente sobre el objetivo alcanzado. “A los tres o cuatro meses esos argumentos habían desaparecido. No se hicieron las grandes obras que decían que exigía el puerto. En realidad, todavía no sabemos para qué se intervino”, planteó.
Ante las versiones que vinculan la medida con intereses económicos, políticos o geopolíticos, Alonso aclaró que la organización gremial no puede presentarlas como hechos comprobados. “Nosotros no lo podemos asegurar”, remarcó, antes de delimitar el objetivo sindical: “Lo que tenemos que apuntar y preocuparnos es porque los 140 trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo y que el puerto vuelva a manos de la Provincia de Tierra del Fuego”.
Alonso advirtió, sin embargo, que una eventual restitución no debería limitarse a entregar nuevamente la administración. Consideró que la Provincia tendría que conocer antes en qué condiciones recibe la terminal y qué compromisos fueron asumidos durante estos meses. “Va a tener que resolver qué pasa con la gente que está dentro, con las licitaciones, con las adquisiciones, qué se hizo con los fondos, a qué cuenta fueron esos fondos, quién administraba esa cuenta y a quién se le pagaban sueldos u honorarios. Todo eso la Provincia va a tener que pedir que se lo expliquen antes de recibir el puerto”, sostuvo.
En ese marco, el dirigente consideró que algunas decisiones tomadas durante la intervención podrían terminar bajo revisión judicial. Lo planteó como una evaluación de los sindicatos involucrados y no como una irregularidad ya comprobada. “Creemos que detrás de todo esto va a terminar en una denuncia penal donde funcionarios o personas que están trabajando dentro del puerto van a tener que dar respuesta ante la Justicia a un montón de cosas”, afirmó.
Alonso también se refirió al papel de la Administración General de Puertos y aclaró que el organismo se encuentra en proceso de liquidación, mientras parte de su personal presta funciones dentro de la estructura nacional que interviene en Ushuaia. Según explicó, esa situación suma incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores y sobre el funcionamiento administrativo del esquema.
La delegación que llegará a Tierra del Fuego buscará reunir información directa antes de llevar una evaluación del conflicto a las instancias internacionales de la organización. Para Alonso, cualquier salida deberá resolver al mismo tiempo dos cuestiones centrales: que la Provincia recupere la administración y que los trabajadores desplazados vuelvan a sus funciones.
