os controles sobre las internaciones domiciliarias revelaron diferencias entre las prestaciones que la Obra Social del Estado Fueguino financia y los servicios que efectivamente reciben algunos afiliados. A partir de esos resultados, el directorio avanzó con auditorías y reunió a las empresas para exigir correcciones antes de evaluar otras medidas.
El vocal titular por el sector pasivo de OSEF, Horacio Gallegos, explicó que las inspecciones surgieron por reclamos de personas que cuestionaban la frecuencia o duración de las visitas profesionales. “La única forma de verificar era hacer visitas domiciliarias y ver si el servicio se cumplía como se debería cumplir, si los profesionales tenían la cantidad y el tiempo que se estipulaba y que de alguna forma viene pagando la obra social”, señaló.
Según relató, los recorridos permitieron confirmar parte de esas observaciones. “Un profesional que tenía que ir no iba el tiempo que tenía que ir o los días que tenía que ir. La idea es empezar a controlar eso. Hay una parte de responsabilidad nuestra por no haber hecho un seguimiento sobre esa situación”, reconoció.
Gallegos aclaró que la responsabilidad contractual recae sobre las empresas prestadoras, porque son las que cobran a OSEF y deben garantizar el cumplimiento del servicio. “Si un trabajador tiene que ir una hora, dos o tres, es responsabilidad de la empresa. Son ellos a quienes nosotros les pagamos y son ellos los que tienen que garantizar que su trabajador vaya”, afirmó.
Tras detectar las falencias, la obra social convocó a todas las firmas que brindan internación domiciliaria. La primera decisión fue exigir la regularización de las prestaciones y reforzar las auditorías, antes de avanzar con eventuales sanciones. Gallegos indicó que OSEF trabaja actualmente con cuatro o cinco empresas y continúa evaluando nuevos prestadores.
El control también se extendió a los propios afiliados. La página de la obra social permite consultar prestaciones y medicamentos registrados a nombre de cada persona. “Es como un legajo personal donde cada uno va viendo qué consume, si hay alguien que compró medicamentos a nombre de él. La idea es mostrar cómo se gasta la plata y que sea transparente”, explicó. Aclaró que hasta el momento no detectaron compras de medicamentos o atenciones desconocidas por los usuarios.
Otro frente abierto es la relación con la Asociación Reencontrándonos. Gallegos indicó que OSEF busca cerrar un convenio que permita auditar las prestaciones y fijar las condiciones económicas del servicio. Reconoció que existe una deuda con la institución, pero sostuvo que no puede liquidarse hasta contar con un instrumento firmado que respalde administrativamente el pago.
La situación financiera de la obra social aparece como el problema de fondo. Gallegos aseguró que el Gobierno provincial continúa siendo su principal deudor y estimó que los atrasos, que rondaban los $8 mil millones entre junio y julio, habían crecido a unos $11,5 mil millones en agosto. “Es un retraso muy importante que con el tiempo nos puede traer consecuencias. Hay insumos y pagos a proveedores que se nos están atrasando”, advirtió.
El vocal anticipó que llevará nuevamente el tema al directorio y reclamará una definición sobre cómo se regularizará la deuda. “Necesitamos una respuesta sobre cuál es el proyecto del Gobierno y cuál es la proyección que tiene con la deuda de OSEF. Si no se pone al día nos puede traer muchas complicaciones”, sostuvo.
Mientras avanza con el cobro de acreencias a distintos organismos, OSEF también analiza alternativas de compensación mediante obras e infraestructura. Para Gallegos, el objetivo inmediato es combinar ese recupero con controles más estrictos sobre las prestaciones para evitar que la escasez de recursos termine financiando servicios que no se cumplen completamente.
