l conflicto salarial en la Justicia provincial volvió a profundizarse esta semana con medidas en Ushuaia y Río Grande. Las organizaciones sostienen que la discusión ya no se limita a una nueva recomposición, sino que también alcanza la forma en que se negocian los salarios, la distribución de los recursos y las posibilidades de ascenso dentro del Poder Judicial.
El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en Tierra del Fuego (UEJN), Federico Villone, afirmó que durante 2026 hubo cuatro meses sin aumentos y cuestionó cómo se distribuye la masa salarial. “Entre el 85 y el 90 por ciento del presupuesto se destina a salarios. El problema es ahondar un poquito y ver de qué manera se distribuye. Lo que estamos viendo es que el 60 por ciento de esa masa salarial se va para el 40 por ciento de funcionarios y magistrados, y el 40 por ciento restante se reparte para el 60 por ciento de los trabajadores”, sostuvo.
Según el planteo gremial, esa relación profundiza la brecha entre empleados, funcionarios y magistrados. Villone reclamó que el Superior Tribunal de Justicia revise la asignación de recursos antes de argumentar restricciones presupuestarias. “Lo que pedimos es equidad. No venimos a dar nombres ni a hablar de parentescos. Le pedimos al Superior Tribunal una mayor responsabilidad en la utilización de los recursos para poder proporcionar a la mayoría de los trabajadores no sólo una recomposición salarial justa, sino también una carrera judicial digna”, señaló.
La conferencia reunió a representantes de la UEJN y del Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia, que coincidieron además en reclamar una instancia formal de negociación colectiva. Los gremios sostienen que actualmente no cuentan con paritarias ni convenio colectivo de trabajo y que las decisiones salariales quedan sujetas a negociaciones entre el Superior Tribunal y el Poder Ejecutivo, sin participación institucional de los trabajadores.
“Las paritarias nos dan las herramientas para negociar el salario y la misma carrera judicial. Sin eso, las organizaciones gremiales terminamos enfrentando decisiones bilaterales y propuestas de recomposición insuficientes, sin contar con una instancia institucional de negociación real”, plantearon durante la conferencia.
Otro de los reclamos apunta a la carrera judicial. Los representantes sindicales cuestionaron diferencias en los mecanismos de ingreso, concursos y ascensos y advirtieron que eventuales cambios reglamentarios podrían prolongar los tiempos necesarios para progresar en determinadas áreas. Villone sostuvo que mientras algunos sectores encuentran mayores facilidades para avanzar, trabajadores de primera instancia y áreas administrativas enfrentan más obstáculos.
El deterioro salarial fue cuantificado por los gremios a partir de la inflación oficial. Según explicaron, el sector arrastra una pérdida de entre 20 y 22% correspondiente a 2023 y 2024 y sumó aproximadamente otro 9% durante 2026. Con esa metodología, estiman que el retroceso acumulado se acerca al 30%. “No sólo no hemos recuperado nada, sino que llevamos un acumulado de pérdida del 9 por ciento este año. Sumado a lo que veníamos arrastrando, podemos afirmar que los trabajadores judiciales tienen una pérdida salarial que ronda el 30 por ciento”, señalaron, al advertir que el deterioro alcanza también a categorías superiores.
El plan de lucha se extenderá hasta el viernes con ceses de actividades desde el mediodía y jornadas de retención de servicios con asambleas. Los gremios anticiparon que, si no reciben respuestas, las medidas podrían profundizarse la próxima semana.
Para Villone, el reclamo salarial y las condiciones de negociación forman parte de un mismo problema. “Sin salario real no hay independencia judicial posible”, sostuvo al cerrar la conferencia, mientras los sindicatos mantienen abierto el conflicto con el Superior Tribunal de Justicia.
