a Provincia reclama ante la Justicia la restitución de la administración del Puerto de Ushuaia, que permanece bajo control nacional desde enero. La continuidad de la intervención mantiene a parte de los trabajadores fuera de sus puestos, con sus salarios a cargo del Gobierno fueguino y sin certezas sobre cuándo podrán retomar sus tareas.
El secretario de Finanzas de ATE Río Grande, Carlos Margalot, exigió una resolución judicial urgente que disponga la devolución del puerto a Tierra del Fuego. “Si la Justicia no se expide de una manera rápida, esto va a seguir de la misma manera, o sea, no va a cambiar hasta que la Justicia nos diga que el puerto tiene que pasar a la provincia”, sostuvo.
El dirigente cuestionó la falta de una definición sobre la restitución y recordó que el Gobierno fueguino ya presentó una demanda para poner fin a la intervención. Consideró que las reuniones y los reclamos públicos necesitan una respuesta de los tribunales para traducirse en la recuperación de la administración. En su evaluación, el paso del tiempo permite que la conducción nacional permanezca y prolonga el desplazamiento de los trabajadores.
Al fundamentar el pedido de devolución, objetó el supuesto desvío de fondos invocado para intervenir el puerto. Sostuvo que esa acusación “hasta el día de hoy no se comprobó nunca” y reclamó que la Justicia esclarezca ese punto. También expresó que no consideraría legítimo un eventual fallo que convalidara la intervención, porque entiende que no fueron acreditados los desvíos denunciados.
Su planteo comprende recuperar las autoridades y la estructura de la Dirección Provincial de Puertos. Reclamó “que se vuelva todo, digamos, que tenga lo que es una organización como venía teniendo antes, con el presidente, con un vicepresidente, con toda la estructura que tiene cualquier ente del gobierno de la provincia”. Vinculó la restitución con la posibilidad de que los empleados apartados vuelvan a desarrollar sus tareas habituales.
En ese marco, cuestionó la participación de trabajadores de la propia terminal en la intervención. Según afirmó, un grupo de empleados acompañó el ingreso de la conducción nacional y el desplazamiento de sus compañeros. Rechazó que esa situación se mantenga y pidió recuperar el funcionamiento del organismo bajo responsabilidad provincial.
La urgencia del pronunciamiento judicial también fue relacionada con el riesgo de que el conflicto continúe durante el próximo año. Margalot sostuvo que incluso un cambio de gobierno no resolvería por sí solo la disputa sobre la administración. Por eso insistió en obtener una decisión que establezca el regreso del puerto a Tierra del Fuego.
Atribuyó la permanencia del control nacional a una decisión política de la gestión de Javier Milei. Desde su punto de vista, la intención es conservar la terminal bajo esa órbita mientras continúe el actual Gobierno. “Yo veo que es una decisión muy política de este gobierno nacional”, afirmó, y expresó su preocupación por el silencio que, según evaluó, existe en distintos sectores frente a la intervención.
Respecto de las protestas, consideró que pueden acompañar el reclamo, aunque no alcanzarán por sí solas para modificar quién administra la terminal. “Podemos estar uno o dos meses metidos dentro de lo que es el puerto, pero va a seguir intervenido igual. O sea, no va a cambiar en nada lo que es la intervención”, señaló. Su planteo ubicó la resolución judicial como un paso decisivo para concretar la devolución.
La continuidad del conflicto también afecta a alrededor de un centenar de trabajadores que enfrenta incertidumbre sobre su situación en 2027. Diferenció a quienes siguen desempeñándose dentro del puerto de los empleados que permanecen fuera de la actividad y cuyos salarios paga la Provincia. Para estos últimos, reclamó protección de los ingresos mientras se busca recuperar la administración y el regreso a sus puestos.
Al explicar esa preocupación, advirtió que “la primera necesidad es proteger a los trabajadores que hoy en día están en su casa, que hoy en día lo está pagando el gobierno de la provincia pero el año que viene no sabemos qué va a pasar”. Señaló que el sostenimiento salarial es una obligación inmediata del reclamo gremial frente a una intervención que todavía impide normalizar su situación laboral.
Como próximo paso, anticipó una reunión provincial de ATE esta semana para evaluar una presentación judicial que acompañe la demanda del Gobierno fueguino y nuevas medidas de protesta. Explicó que deben definir “si iniciamos o no lo que son las acciones legales para que vuelva el puerto a la provincia”, como complemento del reclamo ya presentado.
