a intervención federal al Puerto de Ushuaia cumple nueve meses sin investigaciones penales conocidas contra los funcionarios provinciales por los presuntos desvíos denunciados. En cambio, el titular de la ANPyN figura como imputado por impedir controles ambientales. A ello se suman juicios por acceso a información pública y falta de transparencia en el manejo de fondos, junto con imputaciones por discriminación laboral, mientras una millonaria licitación de vigilancia plantea nuevas preguntas sobre los recursos administrados.
Hay una ironía institucional difícil de ignorar. El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia invocando inseguridad en su infraestructura, presuntos desvíos de fondos e irregularidades administrativas. Se presentó como remedio para una enfermedad que exigía desplazar a las autoridades provinciales.
Nueve meses después, corresponde examinar también el remedio.
Porque la historia tomó un camino diferente del anunciado. No se conocen investigaciones penales contra los funcionarios provinciales por aquellos presuntos desvíos. En cambio, Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), figura como imputado en un requerimiento fiscal por impedir controles ambientales provinciales.
La inversión de posiciones es notable. Quienes llegaron para corregir presuntas irregularidades deben ahora responder por posibles irregularidades propias. Los acusadores terminaron investigados, mientras las acusaciones contra los desplazados continúan sin acreditación judicial pública conocida.
Esto interpela a senadores, diputados y legisladores de La Libertad Avanza: ¿con qué argumentos sostienen una medida cuyos fundamentos originales siguen sin demostrarse públicamente y cuya máxima autoridad enfrenta una investigación penal?
Uno de aquellos fundamentos fue la supuesta inseguridad portuaria. Sin embargo, las autoridades nacionales acaban de confirmar que el puerto puede continuar operando con seguridad, sin obras que expliquen esa mejora.
Entonces, si el puerto era tan inseguro que debía ser intervenido, ¿cómo puede seguir funcionando sin las obras supuestamente indispensables? ¿Qué urgencia justificaba entonces el desplazamiento?
Algo semejante ocurre con los presuntos desvíos de fondos. Hasta ahora no se conocen causas penales contra los funcionarios desplazados por esos hechos ni auditorías públicas que permitan corroborar las imputaciones. Eso no demuestra que jamás existieran irregularidades, pero obliga a explicar por qué las acusaciones no fueron acompañadas de pruebas verificables.
Mientras tanto, la intervención enfrenta sus propios litigios. Uno se relaciona con la falta de acceso a información pública sobre ingresos, gastos, contrataciones y destino de los fondos administrados en el puerto. Otro cuestiona el trato dado a trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos, que denunciaron discriminación y vulneración de derechos laborales al ser apartados de sus funciones e impedidos de ingresar a sus lugares de trabajo. Son litigios pendientes, no condenas.
A ellas se suma el requerimiento del fiscal Nicolás Arias, que identifica a Arreseygor como imputado y pide investigar a otros funcionarios por impedir el ingreso de inspectores de la Secretaría de Ambiente provincial. El fiscal menciona posibles delitos de abuso de autoridad, violación de deberes y obstaculización de funciones públicas. Incluso solicitó un allanamiento del puerto para reunir pruebas y verificar las condiciones de manejo de residuos peligrosos.
La imputación no es una condena y las medidas pedidas no están necesariamente autorizadas. Pero la contradicción institucional merece atención: una administración que llegó prometiendo seguridad y legalidad enfrenta una investigación precisamente por impedir controles destinados a proteger el ambiente.
Y las preguntas no terminan allí. La Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP), formalmente en liquidación, convocó a una licitación de seguridad y vigilancia privada por 3.978.620.726,40 pesos para doce meses. En noviembre de 2025, la Dirección Provincial de Puertos había contratado vigilancia por 407.750.250 pesos, con un costo mensual de 33.979.187,50 pesos.
El nuevo presupuesto equivale a 331.551.727,20 pesos mensuales: unas 9,76 veces el monto mensual provincial, un incremento nominal cercano al 876%. Para hablar de sobreprecio habría que verificar que ambos contratos incluyan iguales prestaciones. Pero esa diferencia exige una explicación técnica y económica detallada, más aún cuando persiste un litigio sobre el acceso a información de los fondos portuarios.
La paradoja es evidente: quienes llegaron denunciando presuntos desvíos proyectan una contratación cuyo presupuesto mensual multiplica casi por diez el anterior, mientras una empresa estatal en liquidación continúa administrando recursos de una infraestructura provincial intervenida.
Los representantes de La Libertad Avanza deben responder preguntas concretas. ¿Cómo defienden una intervención fundada en problemas de seguridad si el puerto sigue operando sin las obras consideradas urgentes? ¿Cómo sostienen acusaciones económicas sin exhibir investigaciones conocidas contra los funcionarios desplazados? ¿Cómo justifican que se impida el ingreso de autoridades ambientales mientras el responsable nacional está imputado por esos hechos?
La pertenencia partidaria no reemplaza las pruebas, los resultados ni la coherencia. La legalidad no puede utilizarse para cuestionar a los adversarios y convertirse en una molestia cuando corresponde controlar a los propios funcionarios.
A nueve meses de la intervención, corresponde esclarecer qué problemas se resolvieron, cómo se utilizaron los recursos y por qué se obstaculizaron controles provinciales. La Justicia deberá determinar las responsabilidades, con pleno respeto por la presunción de inocencia. Pero las explicaciones políticas y administrativas no necesitan esperar una sentencia.
La pregunta ya no es solo por qué se intervino el puerto, sino qué argumentos quedan para sostener la medida.
Nueve meses después, el contraste resulta imposible de ignorar: los intervenidos siguen esperando que se demuestren las acusaciones que justificaron su desplazamiento, mientras el interventor ya figura como imputado y su administración debe responder a varios reclamos judiciales. Quienes llegaron a controlar a otros deben someterse al mismo escrutinio.
