egún altas fuentes del interbloque Fuerzas del Cambio, persisten diferencias en torno a una serie de artículos que la Casa Rosada se resiste a modificar o eliminar, y que podrían desembocar en una nueva postergación, luego de que la semana pasada se suspendiera el plenario.
En un clima de incertidumbre se reunirán las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto este martes a las 16 en el Anexo C de la Cámara baja, en medio de negociaciones que lleva adelante y supervisa la Casa Rosada.
A diferencia de otras leyes construidas desde el Congreso nacional, en este caso es el Poder Ejecutivo el que impone los términos de la conversación y se reserva la potestad de aceptar o rechazar modificaciones a pedido de la oposición.
Hasta ahora, la única garantía que tienen los bloques dialoguistas y aliados es la modificación del artículo 111 que establecía penalizaciones a “acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje”.
“Aceptaron nuestra propuesta que viene de la legislación comparada, para que en vez de criminalizar las campañas de desprestigio que eran muy abiertas encontramos los tipos penales que están más definidos”, comentaron las fuentes consultadas.
Por el momento no fueron aceptadas otras propuestas de sectores aliados como la incorporación de dos diputados en el Consejo de Seguridad para que haya presencia de la oposición en ese órgano.
Otro reparo que surge de la lectura crítica del proyecto es “la superposición de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad en la protección de infraestructuras críticas”.
Desde Fuerzas del Cambio (PRO y UCR) se muestran escépticos respecto de las posibilidades de avanzar este mismo martes con la firma del dictamen, más allá de que estarían dispuestos a acompañar en disidencia.
Más allá de que se firme o no, la aprobación del proyecto de Defensa Nacional no tiene el camino demasiado despejado y podría verse desplazado por otros temas de debate que el Gobierno le asigna un interés prioritario como el Presupuesto 2027 y, en menor medida, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Pero además desde el oficialismo se están topando con un problema de tiempos a la hora de encontrar una fecha plausible de sesión.
La visita del Papa y los feriados para los días 9 (nacional), 10 (CABA y Córdoba) y 11 de noviembre (PBA) entorpecen el armado de un cronograma de trabajo en el marco de una agenda legislativa que sí o sí le tiene que hacer lugar a la discusión del Presupuesto 2027, prioridad absoluta de fin de año.
A su vez, la agenda internacional conspira contra la posibilidad de poder reencaminar el tratamiento y aprobación de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos y se especula con que una comitiva de diputados nacionales de La Libertad Avanza viajará para presenciar la jornada electoral y apoyar a los candidatos republicanos.
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.
Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
