l legislador provincial Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, se refirió al proyecto de ley de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno provincial y anticipó que insistirá en retirar su tratamiento de urgencia durante la sesión legislativa prevista para este miércoles. Consideró que la iniciativa presenta inconsistencias entre los recursos que pretende recaudar y los objetivos que busca alcanzar.
Lapadula sostuvo que “el plazo de 30 días establecido por el Ejecutivo resulta insuficiente” para analizar una propuesta de semejante complejidad. Recordó que el proyecto fue debatido en las comisiones de Educación y Presupuesto, “donde quedaron numerosos interrogantes sin respuesta”.
Según explicó, el ministro de Economía informó que los nuevos tributos permitirían recaudar alrededor de $9.000 millones anuales, frente a un presupuesto educativo provincial de $600.000 millones. "La verdad que no alcanza para nada, por lo menos para lo que se propone el proyecto", afirmó.
Uno de sus principales cuestionamientos apunta al impuesto sobre la distribución de gas, que terminaría trasladándose directamente a las facturas de los usuarios. Advirtió que ese incremento se sumaría a los aumentos previstos para enero por modificaciones en el esquema nacional de subsidios.
El legislador también rechazó la posibilidad de aprobar la iniciativa eliminando los incrementos impositivos, como proponen algunos parlamentarios. "Definitivamente no se puede aprobar ni así, ni como está", sostuvo, al considerar que sin recursos adicionales quedaría reducida a una declaración de principios, sin soluciones concretas para los docentes.
En ese contexto, planteó la necesidad de retirar el tratamiento de urgencia y continuar el debate junto con el presupuesto provincial, del que proviene el 95% del financiamiento de la educación pública. "Lo que hay que hacer es, con los fondos que se puedan generar, priorizar a dónde tiene que ir el gasto y no empezar a poner parches por todos lados", expresó.
Deuda con Río Grande
En segundo término, Lapadula se refirió al reclamo de deudas que el Municipio de Río Grande realiza al Gobierno. “No puede ser que se le deba 18.000 millones de pesos”, manifestó, y advirtió que la acumulación de obligaciones pendientes pone en riesgo el funcionamiento de las administraciones municipales.
Además, consideró que existe un trato desfavorable hacia Río Grande, no solamente en la distribución de recursos coparticipables, sino también en la asignación de obras y convenios financiados mediante el FAMP. Señaló que la ciudad genera más del 70% de esos fondos y, sin embargo, se encuentra relegada en su distribución.
Finalmente, aclaró que no espera que la cuestión de la coparticipación sea tratada formalmente en la sesión, aunque pretende instalar el debate en la Comisión de Presupuesto. "La situación empeoró, se agravó y tenemos que poner una solución", concluyó.
