a orden del Juzgado de Instrucción N° 2 de allanar el puerto de Ushuaia, administrado desde enero por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), puso en discusión el destino de los residuos que dejan los barcos. La medida respondió a una denuncia de la Fiscalía de Estado provincial por los reiterados impedimentos al ingreso de los inspectores de la Secretaría de Ambiente.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), evitó opinar sobre la causa, pero explicó que los buques generan tres tipos de desechos: domiciliarios, vinculados con la alimentación y la vida a bordo; patogénicos, porque cuentan con enfermerías; y peligrosos, relacionados con combustibles, hidrocarburos y el funcionamiento de las máquinas. “Todo eso tiene tratamientos diferentes, todo eso tiene normativa específica”, señaló.
Esas normas, precisó, son fundamentalmente provinciales. “La cuestión ambiental es eminentemente local, eso es básico”, sostuvo, y explicó que el tratamiento debe darse en la proximidad del lugar donde se produce el impacto.
En el caso de los residuos peligrosos, mencionó la Ley provincial 105, que establece un registro de generadores y regula la manipulación y el traslado. “El responsable de la producción del residuo es responsable, como se denomina, del derecho de la cuna a la tumba, del momento que lo produce al momento que se pierde su efecto, por lo cual es una cuestión que no puede pasar por múltiples manos o por cuestiones de opacidad, de no saber qué sucede con los residuos, dónde van a parar”, explicó.
Por tratarse de un puerto, agregó, también está en juego el impacto sobre el agua. Recordó que la Ley provincial 1126, marco de gestión integral de los recursos hídricos, prevé un plan de aguas y un proceso de protección, y reafirma el dominio de la Provincia sobre esos recursos.
Nápoli reclamó un rol activo de los organismos locales. “Las autoridades provinciales no pueden ser convidados de piedra en esto, tienen que ser gestores directos, porque en definitiva van a tener la responsabilidad final. Imagínense si un día existe una demanda que tiene que ver con estos residuos, ¿a quién se lo van a hacer? ¿Se lo van a hacer a la Nación? No, se lo van a hacer a la Provincia”, advirtió.
El especialista recordó que la legislación sobre residuos peligrosos prevé penas de prisión de tres a diez años y señaló que la clave está en lo que ocurra después del procedimiento judicial. “Hoy es un allanamiento, es una cuestión puntual. Se podrá detectar que realizaron bien, mal o regular la gestión de los residuos, cosa que en residuos peligrosos no da ni para regular ni para mal”, afirmó. A su entender, esa gestión debe hacerse con trazabilidad y destino conocido.
También consideró correcto que se registre la situación, porque eventualmente podrían surgir responsabilidades. “Quienes la ordenaron y quienes forman parte de la intervención van a tener que ser responsables eventualmente”, concluyó.
