a intervención federal al Puerto de Ushuaia incorporó al menos a 30 nuevos funcionarios nacionales dentro de la estructura del gobierno nacional y avanzó con contrataciones directas de servicios por montos superiores a los 100 mil dólares, pese a que la terminal ya contaba con trabajadores provinciales capacitados para desarrollar esas mismas funciones. La situación pone bajo cuestionamiento la administración de los recursos portuarios y la duplicación de gastos para sostener actividades que anteriormente realizaba la Dirección Provincial de Puertos.
La información surge de documentación oficial de la Administración General de Puertos (AGP), obtenida a partir de un pedido de acceso a la información pública presentado por El Diario del Fin del Mundo.
En concreto, la Dirección de Recursos Humanos de la AGP reconoció la incorporación durante los primeros meses del 2026 de 20 personas como funcionarios dentro de la estructura del gobierno nacional y otras ocho bajo la modalidad de contratos de servicios. Todas aparecen afectadas al Puerto de Ushuaia, con funciones identificadas genéricamente como operativas, sin precisiones sobre las responsabilidades individuales.
Entre las contrataciones sobresalen Fernando Ariel Polizzi y Juan Andrés Avellaneda, por remuneraciones cercanas a los 10 millones de pesos mensuales, según pudo reconstruir este medio. Tanto Polizzi como Avellaneda pasaron a integrar la conducción de la terminal bajo administración nacional.
Sin embargo, las planillas entregadas presentan una particularidad: los importes correspondientes a las remuneraciones aparecen ocultos. De esta manera, la AGP reconoce la existencia de las contrataciones, pero impide conocer cuánto cuestan individualmente y cuál es el gasto mensual total de la nueva estructura.
Del PAMI a la conducción del puerto
Uno de los casos más significativos es el de Fernando Polizzi, quien llegó a la intervención procedente del PAMI, donde se desempeñaba como director ejecutivo de Tierra del Fuego desde febrero de 2024.
Polizzi es empleado de planta permanente del organismo nacional dedicado a la atención de jubilados y pensionados. Para incorporarse a la administración portuaria solicitó una licencia extraordinaria sin goce de haberes, conservando su vínculo laboral con el PAMI.
Además, su incorporación resulta llamativa por tratarse de un funcionario proveniente de un organismo de prestaciones sociales que se encuentra bajo investigación por un presunto fraude que supera los 1.500 millones de pesos. Por otro parte, no existen antecedentes específicos que justifiquen su designación en la conducción de una terminal portuaria.
La otra polémica designación es la Juan Andrés Avellaneda, que figura contratado desde el 21 de enero de 2026, en coincidencia con el inicio de la intervención federal. Avellaneda fue el denunciante frente a la ANPYN de graves fallas de infraestructura y de presuntos desvíos de fondos, que nunca fueron denunciados más allá de una seguidilla de declaraciones mediáticas de senadores, diputados y legisladores de la Libertad Avanza. Es decir: Polizzi y Avellaneda integran una estructura de conducción incorporada por la administración nacional, cuyos costos salariales no fueron transparentados.
Mientras tanto, numerosos trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos permanecen apartados de sus funciones habituales, pese a contar con experiencia y capacitación para desarrollar las tareas operativas, administrativas y de mantenimiento de la terminal.
En consecuencia, el Estado nacional promueve la coexistencia de dos estructuras vinculadas a una misma actividad: por un lado, el personal provincial que continúa perteneciendo a la Dirección Provincial de Puertos y, por otro, los nuevos contratados de la intervención federal. Todo lo contrario al concepto de motosierra divulgado desde la Casa Rosada.
La superposición plantea un interrogante central: por qué resulta necesario incorporar personal y pagar nuevas prestaciones cuando esas funciones ya eran desarrolladas por trabajadores del propio puerto.
Contrataciones directas por más de 100 mil dólares
Pero el gasto no se limita a las incorporaciones de personal. La documentación también permitió detectar contrataciones directas por importes superiores a los 100 mil dólares para actividades que ya se desarrollaban en el Puerto de Ushuaia antes de la intervención.
Entre ellas aparece una contratación a Depósitos Fiscales Australes S.A. por 125.400 dólares, destinada a operaciones de carga y descarga de contenedores, a la que posteriormente se agregó una ampliación por otros 43.800 dólares. En conjunto, ambas operaciones representan 169.200 dólares.
Se trata de actividades vinculadas directamente con la operatoria habitual de la terminal, por lo que corresponde determinar qué servicios adicionales justificaron esas erogaciones y por qué no podían ser atendidos mediante los recursos humanos y operativos existentes.
Asimismo, la AGP informó una contratación de vigilancia privada por 500.784.740 pesos, a pesar de contar con el mismo servicio por parte del personal de la Dirección Provincial de Puertos.
De esta manera, la intervención no solamente incorporó personal propio, sino que además tercerizó distintas prestaciones vinculadas al funcionamiento cotidiano del puerto, incrementando los compromisos económicos de la administración nacional.
Por otra parte, en el registro de operadores habilitados aparece la empresa Ángel Masciotra S.A., autorizada para realizar operaciones y transporte de cargas y proveer equipamiento mecánico. Sin embargo, la documentación de compras examinada no permite acreditar una adjudicación específica a esa firma durante el período informado.
En definitiva, las contrataciones conocidas exponen una administración que sumó 28 personas y comprometió importantes recursos en servicios que formaban parte de la actividad habitual de la terminal antes del 22 de enero.
El interrogante no es solamente cuánto se está gastando, sino por qué se decidió reemplazar o complementar con nuevas contrataciones una estructura que ya existía y contaba con trabajadores experimentados.
El resultado preliminar exponer la duplicación de costos que la intervención todavía debe explicar: personal provincial que conserva su relación laboral, nuevos contratados nacionales y empresas privadas cobrando por servicios que el puerto ya prestaba antes de ser intervenido.
