l legislador provincial Matías Lapadula, del bloque Provincia Grande, cuestionó el desenlace de la sesión legislativa de ayer, en la que volvió a debatirse el proyecto de ley de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno. Consideró un error que se haya dispuesto un cuarto intermedio en lugar de devolver la iniciativa a comisión para introducir modificaciones que permitan alcanzar los consensos necesarios para su aprobación.
Lapadula atribuyó lo sucedido a la actitud del Ejecutivo de intentar avanzar con sus propuestas sin construir previamente los acuerdos legislativos indispensables. Recordó que para sancionar una ley se necesitan ocho votos y sostuvo que ese respaldo debe conseguirse mediante el trabajo parlamentario.
“Lo normal y lo habitual es que estas cosas se trabajen, que se modifiquen y que cuando llegue al recinto para ser tratado y votado se hayan logrado consensuar esos ocho votos”, explicó.
En ese sentido, consideró equivocada la decisión de interrumpir la sesión. “En lugar de enviar el proyecto a comisión para poder hacer las modificaciones que permitan conseguir esos ocho votos que hacen falta, se llama a cuarto intermedio”, lamentó.
Según explicó, esta decisión complica todavía más las posibilidades de alcanzar un acuerdo, porque modificar el dictamen durante la continuidad de la sesión requeriría una mayoría superior. “Cuando se levante ese cuarto intermedio, en vez de ocho votos van a necesitar diez, porque hay que cambiar el dictamen”, advirtió.
Para Lapadula, esta situación responde a una estrategia política del oficialismo que pretende presentar a quienes cuestionan la iniciativa como opositores al fortalecimiento de la educación pública.
“El único objetivo de esto es confundir, creer que si uno no apoya una iniciativa que es del Gobierno está en contra de solucionar el problema de la educación pública”, manifestó.
El legislador insistió en que existe voluntad de abordar la crisis educativa, pero consideró indispensable discutir el contenido de una propuesta que, según su evaluación, fue elaborada apresuradamente y contiene numerosas inconsistencias.
Cuestionamientos a los números del proyecto
Uno de los principales reparos de Lapadula está relacionado con el impacto económico real de la iniciativa. Según detalló, el dictamen contempla un financiamiento adicional de aproximadamente 6.000 millones de pesos, frente a un presupuesto educativo provincial previsto en 538.000 millones.
“¿Estamos haciendo todo este escándalo y responsabilizando a la Legislatura por un proyecto que aumenta o le da fondos por un 1% más a la educación pública?”, planteó.
A su entender, semejante incremento resulta insuficiente para resolver los problemas estructurales del sistema educativo fueguino.
También cuestionó las proyecciones oficiales que proponen incrementar progresivamente la inversión educativa en relación con el Producto Bruto Geográfico durante los próximos cinco años. Sostuvo que, de acuerdo con sus cálculos, la participación presupuestaria alcanzada el año pasado ya superaría la meta establecida para el final de ese período.
Por ese motivo, reclamó revisar las estimaciones utilizadas para elaborar el proyecto y advirtió que no corresponde presentar la iniciativa como una solución definitiva para la educación provincial.
