os legisladores Jorge Lechman y Raúl Von der Thusen impulsan un proyecto para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la suspensión de las ejecuciones hipotecarias sobre créditos ajustados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), que se viene disponiendo en la Provincia desde mediados de 2023.
La propuesta mantiene vigente la suspensión del inicio de demandas de ejecución hipotecaria promovidas por los bancos y las ejecuciones de sentencia en los juicios ya iniciados. Se trata de una protección frente a la pérdida de la vivienda ya que la norma no establece una suspensión del pago de las cuotas ni modifica el mecanismo de actualización de los préstamos.
El conflicto de los créditos UVA radica en que el capital y las cuotas se expresan en una unidad cuyo valor en pesos se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado a la inflación. Cuando los salarios crecen por debajo de ese ajuste, el préstamo absorbe una proporción cada vez mayor del ingreso familiar. Incluso después de años de pagos y de reducir el capital adeudado en UVA, el saldo en pesos puede seguir aumentando. A esa actualización se agregan los intereses pactados.
En los fundamentos, los autores sostienen que esa dinámica deterioró la capacidad de pago de los hogares y que el mayor costo de vida fueguino agrava las dificultades. Consideran que preservar la vivienda resulta necesario para evitar consecuencias sociales y habitacionales que exceden el perjuicio patrimonial de cada familia.
La iniciativa da continuidad a un esquema de protección iniciado hace más de tres años. La Ley 1493, sancionada el 12 de julio de 2023, suspendió las ejecuciones hipotecarias UVA sobre vivienda única hasta diciembre de aquel año. Posteriormente, la Ley 1517, aprobada el 13 de diciembre de 2023, extendió la medida hasta fines de 2024.
La Legislatura volvió a prorrogarla el 14 de diciembre de 2024 mediante la Ley 1576, con vigencia hasta el cierre de 2025. El antecedente más reciente es la Ley 1608, sancionada el 15 de diciembre de 2025 y promulgada el 30 de ese mes, que mantiene la protección hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye expresamente tanto el inicio de las demandas como las ejecuciones de sentencia.
En mayo de este año, Von De Thusen estimó en casi 300 a las familias fueguinas atravesadas por esta problemática.
El conflicto también tiene antecedentes judiciales locales. Por ejemplo, en marzo de 2023 se conoció una resolución de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Río Grande que, en el caso de un empleado municipal, ordenó abrir una instancia de negociación con el BTF y limitar la cuota al 35% de los ingresos familiares mientras se tramitaba el reclamo.
Como los anteriores, el nuevo proyecto procura asegurar otro año de protección frente a las ejecuciones por lo que constituye una solución transitoria que permite ganar tiempo mientras sigue pendiente de resolución el problema de fondo; cómo compatibilizar la evolución de las deudas y las cuotas con los ingresos de quienes tomaron los préstamos.
