a presentación del Presupuesto 2027 del Municipio de Río Grande ante el Concejo Deliberante estuvo marcada por la advertencia sobre las consecuencias de los atrasos provinciales en las transferencias de coparticipación.
Los funcionarios de la gestión de Martín Perez señalaron que la retención de recursos que corresponden a la ciudad compromete la ejecución de programas, la continuidad de servicios esenciales y la capacidad de respuesta frente a una demanda social creciente.
Durante la primera jornada de exposiciones, desarrollada en el Museo Virginia Choquintel, las áreas de Finanzas, Gobierno y Producción presentaron las prioridades de un proyecto que contempla recursos por $239.505 millones, con dependencia del 83% de los ingresos provenientes de coparticipación nacional, provincial y regalías.
La secretaria de Finanzas Públicas, Valeria Capotorto, sostuvo que el Municipio no debe afrontar las consecuencias de las obligaciones financieras provinciales. “Río Grande no se endeudó, Río Grande no pide salvatajes, Río Grande no pide adelantos de coparticipación. Por lo tanto, no debemos asumir los costos de la Provincia ante Nación, porque toda esa deuda debe ser asumida únicamente por la Provincia”, afirmó.
La funcionaria recordó que el Tribunal de Cuentas Municipal consideró razonable una determinación provisoria de deuda superior a $16.132 millones al 31 de agosto, monto al que posteriormente se agregaron aproximadamente $2.000 millones. Además, informó que debieron reiterarse intimaciones ante diferencias superiores a $650 millones en las transferencias correspondientes a esta semana.
“La coparticipación no es un gasto: es el derecho legítimo y la herramienta central con la que el Municipio lleva adelante las políticas públicas a favor de su comunidad”, expresó Capotorto, al vincular el reclamo financiero con la autonomía municipal.
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, describió las consecuencias operativas de esta situación. Según explicó, durante el ejercicio vigente ingresó aproximadamente el 65% de los recursos presupuestados, mientras que la proyección de cierre anual se ubica entre el 75% y el 80%.
“¿Qué significa ese 20% de recursos que no estarían llegando? Significa que hay programas que no se van a terminar de ejecutar en su totalidad o que directamente no se han podido llevar adelante”, advirtió.
Ante esas restricciones, el Ejecutivo municipal anticipó que concentrará sus esfuerzos en garantizar prestaciones sanitarias, asistencia alimentaria y servicios básicos. “Las prioridades que observamos tienen que ver con la contención en materia de salud pública y con la cuestión social”, señaló Díaz, quien relacionó el incremento de la demanda sanitaria con la pérdida de empleos industriales y de cobertura médica de numerosas familias.
El proyecto presupuestario prevé $18.682 millones para salud, aproximadamente $6.670 millones para fortalecimiento alimentario y $38.986 millones destinados a servicios ambientales. También reserva más de $5.000 millones para transporte público, un servicio que registra una disminución cercana al 26% en la cantidad de pasajeros.
En ese contexto, Díaz anticipó la elaboración de un nuevo pliego de concesión para reorganizar recorridos y frecuencias, aunque condicionó la continuidad del esquema de subsidios a la disponibilidad financiera. “Queremos seguir teniendo una política de transporte con acompañamiento municipal, pero eso solamente lo podemos hacer si hay recursos”, manifestó.
La obra pública constituye otro componente relevante, con una previsión de $20.105 millones para 37 intervenciones de infraestructura, saneamiento, mejoramiento vial y desarrollo urbano.
En materia tributaria, Capotorto explicó que se propone una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, que reduciría su valor a $508 durante 2027.
Las exposiciones dejaron planteado que el conflicto por la coparticipación trasciende las diferencias contables entre administraciones. Para el Municipio, la regularidad de las transferencias provinciales resulta determinante para cumplir las previsiones presupuestarias y sostener prestaciones públicas en un escenario económico particularmente restrictivo.
