l abogado Jorge Hernández, representante de varios de los damnificados por una presunta estafa con inversiones financieras en Ushuaia, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el principal acusado, Damián Arias, acceda al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, conocido como probation, y evite llegar a juicio por una causa que ya reúne alrededor de 45 denunciantes.
“Hay acreditadas unas 45 personas en la causa penal, pero todos los días aparecen nuevos. Es muchísimo dinero el que ha movido esta persona y que, por supuesto, nunca devolvió”, afirmó el letrado, quien advirtió sobre las dificultades que enfrenta la Justicia para sancionar este tipo de maniobras.
Hernández explicó que las presuntas estafas vinculadas al trading, las criptomonedas y los esquemas piramidales se encuentran en crecimiento, favorecidas, según su interpretación, por las limitaciones de la persecución penal y las posibilidades que ofrece la legislación para acceder a soluciones alternativas al juicio.
En este caso, las primeras denuncias fueron presentadas en 2023 y la investigación involucra tanto a Arias como a su esposa. El abogado sostuvo que existen numerosas pruebas incorporadas al expediente y cuestionó que el acusado haya utilizado sucesivas promesas de devolución del dinero para dilatar la resolución del conflicto.
“Utilizó todo el sistema judicial este tiempo prometiendo que iba a devolver el dinero, cosa que nunca pasó, y ahora está pidiendo la probation”, denunció.
El letrado recordó que Arias tiene prohibido abandonar Tierra del Fuego por disposición judicial, luego de un episodio que la querella interpreta como un intento de fuga. Destacó que la medida fue conseguida mediante la intervención del abogado Oscar Vidal, quien también participa en la causa.
Ahorros perdidos y acuerdos incumplidos
Respecto del perjuicio económico, Hernández indicó que existen damnificados que entregaron más de 10 mil dólares y otros que comprometieron los ahorros de toda su vida. Incluso mencionó el caso de una mujer que había destinado dinero para viajar por un tratamiento oncológico de sus hijos y que nunca consiguió recuperarlo.
Según detalló, el acusado firmó acuerdos de devolución con personas que habían entregado desde 500 hasta 16 mil dólares, pero ninguno de esos compromisos fue cumplido.
El vínculo con una iglesia
Otro aspecto de la investigación involucra a una congregación evangélica de Ushuaia, cuyos fieles se encontrarían entre los principales perjudicados.
Hernández sostuvo que Arias habría aprovechado la confianza de los integrantes de esa comunidad religiosa para captar inversiones. También aseguró que existen grabaciones y audios en los que representantes de la institución se comprometían a colaborar para conseguir la devolución del dinero.
Sin embargo, aclaró que el eventual grado de responsabilidad de la iglesia todavía debe determinarse en la investigación judicial. “Eso es lo que se tiene que descubrir en la causa penal”, señaló.
Finalmente, el abogado insistió en su rechazo al beneficio solicitado por el acusado y reclamó que el expediente avance hacia el debate oral.
“Espero que el juzgado no se lo permita, no le dé este beneficio a un tipo que estafó tanta gente y por tanta plata”, manifestó.
Para Hernández, la posibilidad de que el proceso concluya sin juicio representaría una respuesta insuficiente frente a la cantidad de damnificados y la magnitud del perjuicio económico denunciado.