a intervención federal del Puerto de Ushuaia enfrenta una nueva denuncia penal por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios nacionales que impidieron reiteradamente el ingreso de inspectores ambientales de Tierra del Fuego. La presentación, impulsada por la Fiscalía de Estado de la Provincia, dio lugar a actuaciones judiciales destinadas a determinar si las restricciones impuestas por las autoridades portuarias constituyeron delitos contra la administración pública.
La investigación tramita ante el Juzgado de Instrucción a cargo de la doctora María Cristina Barrionuevo y comprende las conductas atribuidas a Iñaki Miguel Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), además de otros funcionarios y agentes que pudieran haber intervenido en las decisiones que impidieron las inspecciones.
En ese contexto, según fuentes judiciales consultadas, el juzgado estaría avanzando con citaciones a funcionarios vinculados con la intervención federal, con el propósito de reconstruir los hechos denunciados, establecer quiénes impartieron las órdenes y determinar las eventuales responsabilidades penales.
La denuncia fue presentada por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien puso en conocimiento de la Justicia los reiterados obstáculos impuestos al personal de la Secretaría de Ambiente provincial para realizar tareas de fiscalización dentro del establecimiento portuario.
Según consta en las actuaciones judiciales, los impedimentos denunciados ocurrieron el 25 de agosto, el 1 y 17 de septiembre y el 19 de octubre de este año. En esas cuatro oportunidades, funcionarios provinciales se presentaron en el puerto para realizar inspecciones previamente anunciadas, pero debieron retirarse sin poder cumplir sus funciones.
Las tareas estaban destinadas a verificar las condiciones de almacenamiento, manipulación, transporte y disposición final de residuos peligrosos, además de controlar instalaciones, puntos de descarga y posibles afectaciones a los recursos hídricos.
Sin embargo, la intervención federal condicionó el ingreso a autorizaciones y exigencias administrativas establecidas por la ANPYN, desconociendo, según la denuncia, las atribuciones de fiscalización que la legislación provincial reconoce a la Secretaría de Ambiente.
Los posibles delitos bajo investigación
La presentación judicial plantea la posible comisión de distintos delitos previstos en el Código Penal. Entre ellos, el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la desobediencia.
Asimismo, se analiza la eventual configuración de conductas vinculadas con el impedimento u obstaculización de actos funcionales. La aplicación de estas figuras dependerá de las pruebas reunidas y de las circunstancias que logren acreditarse durante la investigación.
En particular, la Fiscalía busca determinar si las autoridades nacionales dictaron o ejecutaron instrucciones contrarias a las leyes provinciales y nacionales, o si omitieron deliberadamente cumplir obligaciones propias de sus cargos.
Por otra parte, la Fiscalía provincial amplió el requerimiento de instrucción para incorporar el episodio ocurrido el 19 de octubre, cuando una nueva comitiva provincial fue impedida de ingresar al puerto pese a haber comunicado previamente la inspección.
De esta manera, las actuaciones penales comprenden cuatro episodios y procuran establecer si existió una conducta reiterada de obstrucción a las facultades de control ambiental de la Provincia.
La Justicia busca identificar quién impartió las órdenes
Uno de los aspectos centrales de la causa consiste en determinar si los agentes que impidieron físicamente el ingreso actuaron por decisión propia o cumplieron instrucciones impartidas por autoridades superiores de la intervención federal.
En ese sentido, la Fiscalía de Estado, reconocida como parte querellante, solicitó que se requiera a la ANPYN la totalidad de las órdenes, comunicaciones internas, protocolos de seguridad, libros de guardia y registros de acceso correspondientes a las jornadas investigadas.
Además, pidió identificar a los responsables de la conducción operativa del puerto y obtener información sobre Arreseygor, Cristian Rigueiro y Ariel Romeo Cherubini, vinculados con las comunicaciones mediante las cuales se condicionó el ingreso de los inspectores provinciales.
También aparecen individualizados Julio Fernández, Elvio Julio Romero y Federico Ezequiel Ovando, quienes habrían intervenido directamente en distintos episodios de restricción de acceso.
Asimismo, la querella solicitó declaraciones testimoniales de funcionarias y agentes provinciales que participaron en las inspecciones frustradas, con el objetivo de precisar las explicaciones recibidas y establecer si los responsables de seguridad invocaron instrucciones de sus superiores.
Un elemento particularmente significativo es que el personal provincial finalmente logró ingresar al establecimiento mediante una orden judicial de registro, ejecutada con auxilio de la fuerza pública. Es decir, fue necesaria una intervención de la Justicia para que los inspectores pudieran desarrollar sus tareas de fiscalización ambiental.
No obstante, la Fiscalía de Estado advirtió que ese ingreso posterior no elimina las eventuales responsabilidades penales derivadas de los impedimentos anteriores y reclamó que continúe la investigación.
En definitiva, la nueva denuncia penal incorpora otro frente judicial para la intervención federal del Puerto de Ushuaia. Esta vez, la controversia no se limita a una discusión administrativa sobre las condiciones de acceso al establecimiento, sino que apunta a determinar si funcionarios nacionales utilizaron sus atribuciones para impedir el ejercicio de competencias ambientales legalmente reconocidas a la Provincia.
Mientras tanto, las actuaciones continúan bajo la órbita de la jueza María Cristina Barrionuevo, con una investigación que busca establecer quiénes adoptaron las decisiones cuestionadas, quiénes las ejecutaron y si esas conductas constituyeron delitos contra la administración pública.