ANPYN prorrogó sin plazo la intervención federal
Puerto de Ushuaia

ANPYN prorrogó sin plazo la intervención federal

A casi diez meses de asumir la administración del Puerto de Ushuaia por presuntas irregularidades financieras y graves deficiencias de infraestructura, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación resolvió extender la intervención sin establecer una fecha de finalización. La decisión se produce en medio de cuestionamientos a las contrataciones nacionales y reclamos judiciales por falta de información sobre el manejo de los recursos portuarios.
19/11/2026
L

a Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) resolvió prorrogar la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia, iniciada el 20 de enero, y condicionó su finalización al cumplimiento de un plan de obras que contempla intervenciones estructurales todavía pendientes de ejecución.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 69/2026, fechada ayer 18 de noviembre, firmada por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Arreseygor. La medida destaca supuestos avances en mantenimiento, seguridad y organización administrativa, pero admite que no se resolvieron las deficiencias que motivaron el desplazamiento de las autoridades provinciales.

La intervención había sido dispuesta por doce meses, bajo el argumento de que existían graves problemas estructurales en el muelle comercial, deficiencias operativas y presuntas irregularidades en la utilización de recursos portuarios.

Sin embargo, transcurridos casi diez meses, las mejoras que Nación presenta públicamente como resultados de su gestión se concentran principalmente en iluminación, señalización, demarcación de espacios, mantenimiento edilicio y adecuación de sectores de circulación.

Estas intervenciones representan, en el mejor de los casos, mejoras operativas muy alejadas de la recuperación integral de la infraestructura cuya supuesta gravedad justificó una medida excepcional como la intervención nacional.

La propia Resolución 69/2026 reconoce que todavía deben ejecutarse obras de importancia, entre ellas reparaciones en los sitios 1, 3 y 5 del muelle comercial, el recambio de defensas, la renovación de redes eléctricas y de agua, la adecuación del sistema contra incendios y trabajos sobre el muelle de catamaranes.

El contraste entre el diagnóstico inicial y los trabajos efectivamente realizados abre interrogantes sobre la magnitud y urgencia de las deficiencias denunciadas. La continuidad de las operaciones portuarias y la falta de reparaciones integrales durante estos meses plantean la necesidad de conocer los informes técnicos que fundamentaron la intervención y las prioridades establecidas por Nación.

Licitaciones bajo cuestionamiento

La gestión nacional también enfrenta observaciones sobre los procedimientos de contratación.

En junio, Salvador De Gaetano, director de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Puertos, cuestionó la licitación para reemplazar las defensas del muelle. Advirtió sobre posibles sobredimensionamientos, errores de diseño y falta de participación de los organismos técnicos provinciales.

Según explicó, la Provincia había proyectado reemplazar 94 defensas por aproximadamente 2 millones de dólares, mientras que Nación licitó 75 unidades con un presupuesto base de 2,3 millones de dólares. También objetó una partida cercana a los 1.000 millones de pesos para reparaciones estructurales cuya definición técnica consideró insuficiente.

Otro procedimiento cuestionado fue la adjudicación, en julio, de un relevamiento de infraestructura y regularización dominial por 80 millones de pesos más IVA a Nadir Soluciones Integrales SAS, única oferente. La contratación se produjo seis meses después de que Nación interviniera el puerto alegando conocer la gravedad de sus deficiencias.

La misma empresa obtuvo posteriormente otra adjudicación, por 2.550 millones de pesos, para relevamientos georreferenciados de infraestructura portuaria de alcance nacional, nuevamente como única oferente.

A estos antecedentes se suman cuestionamientos de trabajadores portuarios sobre los costos de servicios contratados durante la intervención. Entre ellos, señalaron que el presupuesto anual de Higiene y Seguridad pasó de unos 25 millones a 304 millones de pesos y que el de limpieza y mantenimiento aumentó de menos de 70 millones a cerca de 500 millones.

Fondos públicos y control judicial

La intervención también había sido fundamentada en la presunta utilización de ingresos portuarios para finalidades ajenas a la actividad específica. Sin embargo, no se identificó públicamente, hasta el momento, una denuncia penal nacional por esos hechos que permita conocer responsabilidades concretas y el eventual perjuicio económico.

En cambio, la administración nacional enfrenta reclamos judiciales para que informe cómo utiliza los recursos que recauda.

El Tribunal de Cuentas provincial presentó un amparo por mora para acceder a documentación sobre ingresos, gastos, transferencias y contrataciones. Por otra parte, la Justicia Federal hizo lugar a un amparo promovido por el Diario del Fin del Mundo para obtener información económica y administrativa de la intervención.

La nueva resolución señala que las inversiones se financian con las tarifas cobradas a los usuarios del puerto, pero no informa cuánto se recaudó, qué monto fue efectivamente invertido ni cuánto demandará completar el plan de infraestructura.

De esta manera, Nación prolonga su control sobre una terminal estratégica sin precisar cuándo concluirá la intervención ni presentar un balance económico integral de su gestión.

La continuidad de la administración nacional queda vinculada a obras que todavía deben ejecutarse y cuyo financiamiento proviene de la propia actividad portuaria. La publicación de los estudios técnicos, las contrataciones y las rendiciones de cuentas resulta indispensable para determinar si los resultados obtenidos justifican mantener desplazadas a las autoridades provinciales.

Galería de noticia
Cuál es tu opinión sobre la nota?
  • Me interesó
    %
    0 votos
  • No me interesó
    %
    0 votos