l Poder Ejecutivo provincial vetó totalmente el proyecto de ley sancionado por unanimidad por la Legislatura de Tierra del Fuego el pasado 28 de octubre, mediante el cual se autorizaba la transferencia gratuita de un inmueble fiscal ubicado en Ushuaia al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), con el propósito de ampliar la disponibilidad de tierras destinadas a atender la demanda habitacional.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto 2018/26, fechado el 16 de noviembre y firmado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo.
El proyecto había sido impulsado por el legislador Juan Carlos Pino, del bloque Partido Justicialista, y contemplaba la transferencia del dominio del inmueble identificado catastralmente como Departamento Ushuaia, Sección G, Macizo 14, Parcela 9, junto con su correspondiente mensura.
En los fundamentos de su propuesta, Pino destacó que el terreno cuenta con acceso vial desde la calle Juan Manuel Otero y limita hacia el oeste con la parcela 13A del mismo macizo, que ya pertenece al Instituto Provincial de Vivienda.
Según explicó, esa continuidad territorial permitiría unificar superficies y ampliar la disponibilidad de tierras fiscales para desarrollar soluciones habitacionales en un sector de la ciudad que dispone de servicios esenciales.
El legislador sostuvo que el predio constituye actualmente un espacio remanente sin consolidar y que su incorporación al patrimonio del IPV permitiría avanzar en el ordenamiento urbano, otorgándole una función pública y social a una superficie que carece de un uso planificado.
Sin embargo, durante el análisis administrativo posterior a la sanción legislativa, la Dirección General de Catastro, dependiente de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), advirtió que el inmueble se encuentra registrado como reserva fiscal.
El organismo informó que no constaba en los registros examinados la inscripción de una ley que dispusiera su desafectación de esa condición jurídica. Por ese motivo, recomendó contemplar expresamente ese procedimiento antes de concretar la transferencia o de manera simultánea con ella.
El Ejecutivo consideró que la ausencia de una disposición específica sobre la desafectación impedía tener suficientemente esclarecidas las condiciones jurídicas necesarias para instrumentar el traspaso del dominio al organismo provincial de vivienda.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno aclaró que comparte la finalidad habitacional de la iniciativa y que no formula objeciones respecto de su conveniencia o del destino propuesto para el inmueble.
No obstante, sostuvo que resulta indispensable resolver expresamente, mediante el instrumento jurídico correspondiente, la desafectación de la parcela de su condición de reserva fiscal.
De esta manera, la transferencia quedó sin efecto en los términos originalmente sancionados y la iniciativa deberá regresar a la Legislatura para su reconsideración.