l Gobierno provincial ratificó dos acuerdos con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación que formalizan el retiro del financiamiento nacional de seis proyectos de infraestructura sanitaria. La decisión comprende obras con diferentes grados de ejecución y traslada a las cuentas provinciales compromisos originalmente asumidos por el Estado nacional.
La medida quedó establecida mediante el Decreto Provincial 2007/26, del 13 de noviembre, firmado por la vicegobernadora Mónica Urquiza en ejercicio del Poder Ejecutivo. Los acuerdos fueron suscriptos por el ministro provincial de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, y el secretario de Obras Públicas de Nación, Bernardo Heredia, y remitidos a la Legislatura para su intervención constitucional.
La rescisión responde a la política de reducción del gasto público impulsada por la administración de Javier Milei. En los fundamentos, Nación sostiene que el equilibrio fiscal constituye una premisa irrenunciable y que resulta necesario revisar los programas de financiamiento para adecuarlos a criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad fiscal.
Ese argumento, vinculado con la reorganización del Estado iniciada mediante el DNU 70/2023, justifica el abandono de compromisos previamente establecidos.
La decisión se encuadra en el acuerdo marco celebrado entre ambas jurisdicciones en julio de 2024, que estableció las condiciones para redistribuir responsabilidades sobre obras públicas. En ese contexto, la Provincia solicitó durante 2026 formalizar el traspaso de los proyectos.
Los convenios originales habían sido suscriptos a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo disuelto en noviembre de 2024, cuyas competencias fueron transferidas al Ministerio de Economía nacional.
Seis obras en las tres ciudades
El primer acuerdo comprende cinco intervenciones ejecutadas por la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS): la planta de tratamiento de efluentes cloacales del macizo 154 y la ampliación de la planta Tahá, ambas en Tolhuin; la construcción del azud del arroyo Buena Esperanza y la ampliación de la planta potabilizadora Malvinas Argentinas del Río Pipo, en Ushuaia; y la nueva planta de pretratamiento del emisario submarino de Río Grande.
El segundo convenio corresponde a la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales Arroyo Grande, en Ushuaia, destinada a mejorar el tratamiento de líquidos residuales y reducir su impacto ambiental.
Cada una de las obras presenta situaciones diferentes. Por ejemplo, la ampliación de la planta Tahá de Tolhuin cuenta con un avance de obra del 24,73% y la planta de efluentes Arroyo Grande una ejecución del 92,52%, aunque mantiene compromisos pendientes para su finalización. En tanto que la ampliación de la planta potabilizadora Malvinas Argentinas registra un avance físico del 6,98%, pero esta obra ya tiene comprometido un aporte de 19.857,5 millones de pesos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), lo que la convierte en la única que ya cuenta con una fuente alternativa de financiamiento.
Obligaciones y renuncia a reclamos
Los acuerdos establecen que la Provincia deberá abonar a las empresas contratistas los montos pendientes hasta la finalización y recepción definitiva de las obras. También deberá realizar las gestiones administrativas, técnicas y presupuestarias necesarias para garantizar su continuidad, aunque conserva la posibilidad de rescindir los contratos de ejecución.
Nación mantiene facultades de auditoría sobre los fondos anteriormente transferidos y exige rendiciones sobre su utilización. Si alguna obra no se completa, los anticipos financieros no aplicados deberán regularizarse y los eventuales remanentes reintegrarse con actualización según la tasa activa del Banco Nación.
Una de las condiciones más significativas es que la Provincia se compromete a mantener indemne al Estado nacional frente a demandas, sanciones, daños y costas judiciales derivados de los convenios. Además, renuncia a formular reclamos administrativos o judiciales vinculados con mayores costos, redeterminaciones de precios, obras no certificadas y otros conceptos relacionados con su ejecución.
De esta manera, Nación no solamente deja de financiar los trabajos pendientes, sino que también procura limitar su exposición a futuras controversias económicas. La Provincia acepta obligaciones financieras y restricciones para reclamar compensaciones.
Mientras Nación presenta la rescisión como parte de una política de ordenamiento fiscal inmodificable, sus consecuencias concretas recaen sobre lo habitantes y el medio ambiente de Tierra del Fuego. Ya que el equilibrio de las cuentas nacionales se consigue, una vez más, mediante el desplazamiento de compromisos hacia la Provincia que deberá encontrar los recursos para terminar obras que habían sido proyectadas con financiamiento federal.