a Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, que preside el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, se presentó ayer como parte querellante en la causa judicial tramitada en la ciudad de Río Grande donde se investigan presuntas torturas aplicadas por oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas a conscriptos de la propia tropa durante la guerra con Gran Bretaña de 1982.
La presentación realizada ante el Juzgado Federal de Río Grande, que subroga el juez de Ushuaia Federico Calvete, forma parte de una iniciativa conjunta con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) que ya es querellante en el mismo expediente, y se complementa con una disertación sobre la causa Malvinas que se realizó en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) en Ushuaia, con la presencia de Pérez Esquivel y de la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas.
La parte de la comitiva encargada del trámite judicial arribó a Río Grande y se dirigió al Juzgado Federal donde logró reunirse con el secretario penal del organismo, Diego Spilotti y con una secretaria del fiscal Federal Marcelo Rapoport, quien interviene en las actuaciones pero se encuentra actualmente de licencia.
La delegación de la Comisión de la Memoria estuvo integrada por Roberto Cipriano García (secretario coordinador de la Mesa Ejecutiva) y Sandra Ragio (directora General), mientras que por el CECIM estuvieron el presidente Mario Volpe, el dirigente Ernesto Alonso y el abogado del organismo Jerónimo Guerrero Iraola.
“Le planteamos claramente al secretario del juzgado que la única responsabilidad de que este caso siga impune es de la Justicia Federal de Río Grande, porque existe abundante prueba testimonial y documental a partir de la desclasificación de archivos de la dictadura producida en 2015, como para producir al menos las indagatorias”, afirmó Alonso en dialogo con EDFM.
El ex combatiente precisó que en la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados, pero “la Justicia se está perdiendo la oportunidad histórica de avanzar en la investigación”.
Por su parte el abogado del CECIM, Guerrero Iraola, informó que además de la nueva querella, se presentó el tercer pedido de declaración indagatoria de seis militares, que ya se había hecho en 2015 y 2016.
“Están logrando la impunidad biológica porque uno de los acusados, Juan Ramón Madragaña, falleció y no podrá ser juzgado. Se está produciendo una denegación de Justicia que ya hemos denunciado en el caso P460-15 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque llevamos 10 años sin avance judicial de ningún tipo”, denunció el letrado.
La comitiva que estuvo en el juzgado se reunió luego con el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, antes de viajar a Ushuaia donde se encontraron con Pérez Esquivel y Cortiñas.
La delegación fue recibida en la capital fueguina por el rector de la UNTDF, Juan Castellucci y por autoridades provinciales, antes de la disertación que se llevó a cabo en la sede de la casa de estudios como parte de una actividad académica promovida por la universidad y los ex combatientes.
10 años y nada
La causa tramitada en Río Grande es la Nº 1777/07 caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, y allí se investiga la presunta comisión de los delitos de “privación ilegítima de la libertad” y “aplicación de tormentos”, a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra.
La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes.
Información oficial fue aportada como prueba en 2015, a partir de informes militares que fueron desclasificados a través del decreto 503/2015 suscripto por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Según Alonso, entre los documentos desclasificados aparecieron expedientes, actas y actuaciones de la Justicia Militar, de donde se desprende no solo “las torturas y tratos inhumanos que sufrieron los soldados a manos de los propios militares argentinos” sino también las medidas que se adoptaron para impedir que los casos se ocultaran y no salieran a la luz.
“En los archivos se encuentran casos de soldados que, producto de los actos aberrantes cometidos contra su integridad física y psíquica, como estaqueamientos, enterramientos e introducción de miembros, pies y manos, en charcos de agua congelada, debieron sufrir la amputación de parte de su cuerpo debido a lo irreversible del daño causado”, revelaron desde el CECIM.
Incluso detallaron que los “castigos inhumanos que propiciaba la superioridad contra la tropa se realizaron, en la mayoría de los casos, por situaciones famélicas digitadas por los cuadros de mando, y padecidas por los soldados. Durante la guerra de Malvinas, las Fuerzas Armadas dieron más valor a la vida de una oveja que a la de un soldado. Las muertes por desnutrición así lo demuestran”, enfatizaron los ex combatientes.
