l concurso público realizado el 30 de diciembre de 2002, mediante el que el Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego adjudicó créditos hipotecarios de su cartera a la empresa Glisud SA se realizó “siguiendo todos los procedimientos regulares” y admitiendo como pago, bonos defaulteados a su valor técnico, “tal como lo permitía la ley vigente y el pliego del concurso”.
Además, la fiscalía que realizó la acusación contra los seis imputados que tiene el caso actualmente sometido a juicio, actuó de manera “penosa”, mostrando un “total desconocimiento” sobre conceptos bursátiles, sin aclarar nunca la imputación que se les realizaba, lo que introdujo a los acusados en un calvario que lleva 15 años de vaivenes judiciales y les permitió a los deudores del Fondo Residual no pagar nunca sus deudas.
Con estos argumentos como eje, los involucrados en el denominado “Escándalo Glisud” se defendieron el viernes durante la jornada de declaraciones indagatorias del juicio, en la que también fueron rechazados los planteos de nulidad realizados por los abogados defensores.
El ex presidente del Fondo Residual del BTF, Gustavo García Casanovas, fue quien prestó la declaración más extensa que duró casi tres horas, incluyendo un cuarto intermedio, mientras que también declaró el secretario del organismo, Néstor Sierra.
Por su parte el presidente de Glisud, Enrique Rolando Pinto, los ex apoderados de la empresa, Graciela D´adamo y Francisco Grondona, y Eduardo Filosa, prestaron declaraciones más breves, en las que no aceptaron contestar preguntas de las partes.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Alejandro Pagano Zavalía y Rodolfo Bembihy Videla, dispuso –luego- un nuevo cuarto intermedio hasta mañana a las 9.30 en que comenzará la ronda de testimonios.
“Hoy el Fondo gasta más de lo que recauda”
La declaración de García Casanovas se focalizó en desestimar la acusación fiscal con que el caso fue promovido a partir de la denuncia realizada por el abogado de Río Grande (y también presidente del Fondo Residual) Javier Da Fonseca.
Con un fuerte tono crítico, y un discurso repleto de ironías, García Casanovas calificó la acusación fiscal, leída completa el día anterior, como “penosa” y “plagada de falsedades”.
“Que yo tenga que defenderme en esta instancia me parece de una irrespetuosidad sin límites” y producto del “ejercicio de una mala fe permanente”, disparó el letrado.
El abogado explicó en detalle para qué fue creado el Fondo Residual durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti (allí fueron a parar los deudores del BTF con categoría de incobrables) y cómo la ley autorizaba a ceder a terceros parte de esa cartera, incluso aceptando bonos como pago, tomados a su valor técnico.
Este punto es importante porque Glisud ganó el concurso ofreciendo 1,4 millones en bonos, cuyo valor de mercado era inferior al de otra oferta en efectivo, pero el ex funcionario aseveró que recibir bonos a valor técnico era un mecanismo expresamente autorizado por las normas.
Sobre el procedimiento de adjudicación, García Casanovas afirmó que no estaba obligado a notificar a los deudores sobre el concurso de los créditos (sí después, al producirse un cambio de acreedor) y detalló que Glisud depositó regularmente el 10% de la oferta como garantía “al momento de la adjudicación de los créditos”. Estas dos supuestas irregularidades figuran como indicio en la acusación fiscal.
Sin embargo, el abogado que se mostró muy suelto a la hora de referirse al manejo de los bonos, y a la función del Fondo Residual, no ofreció muchas explicaciones acerca de la falsificación de la oferta de Glisud que fue denunciada por el testigo Víctor Tela y certificada luego por la Justicia.
Según esta parte de la acusación, la oferta de la empresa creada por dos ancianas indigentes, que tuvo como sede un prostíbulo de Buenos Aires, y cuyos integrantes tenían fuertes vínculos con el manfredottismo, se presentó al concurso con una oferta firmada por la apoderada D´dadamo, pero en ese documento, la firma, el documento y el domicilio son falsos. Y los investigadores demostraron en la etapa de instrucción, que la oferta fue impresa con la misma impresora del Fondo Residual.
Al respecto, Casanovas se limitó a decir que “no hay una sola prueba que demuestre que yo hice la falsificación” y “tampoco fui indagado por eso”.
Según el letrado, la Justicia debería investigar otro delito, consistente en que el IPAUSS, durante la gestión de la ex gobernadora Fabiana Ríos, se negó a recibir los bonos del Fondo Residual a valor técnico, produciéndole al Estado “una pérdida de 7 millones de pesos”.
“Hoy el Fondo Residual gasta más de lo que recauda y el 80% de su cartera está prescripta”, aseveró el ex funcionario.
En la misma línea, el ex secretario Sierra también se proclamó inocente y negó haber falsificado los papeles de Glisud.
“No tengo idea de la falsificación. Que venga el abogado que dice haber encontrado la oferta años después en un cajón del Fondo Residual (se refiere a Sergio Tagliapietra, que declarará como testigo) y que le pongan un cuchillo en la panza a ver si se acuerda. Yo pago el Memorex”, ironizó Sierra, quien también sostuvo que “como funcionarios pagamos el derecho de piso no haber sido gente de Ushuaia”.
Por su parte Pinto, presidente de Glisud, le contó al tribunal su trayectoria de “40 años” como empresario en la Isla, y habló de la “persecución mediática” y judicial de la que fue objeto.
Negó haber realizado la oferta presentada en el concurso (que según dijo fue enviada desde Buenos Aires) y dijo “sentirse inocente”.
A su turno, D´adamo se limitó a explicar que ella tampoco confeccionó la oferta presentada en Ushuaia para el concurso, mientras que también realizaron exposiciones muy breves y desincriminatorias los restantes dos imputados.
