ntegrantes del Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim) se reunieron el viernes con la jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, para manifestarle su “preocupación” por la suspensión de las indagatorias de 18 ex militares acusados de cometer actos de torturas hacia soldados de su propia tropa durante la guerra de Malvinas.
Borruto debía tomarles declaración a los ex integrantes de las Fuerzas Armadas entre el 27 de junio y el 3 de julio próximo, pero en una resolución dictada la semana pasada decidió suspender ese acto procesal hasta nuevo aviso, con el argumento de que no cuenta ni con el “personal suficiente” ni con el “espacio” en el juzgado para llevarlo a cabo.
La comitiva del Cecim aprovechó la audiencia con la jueza que estaba pautada desde antes de la postergación de las indagatorias, para expresarle su malestar por esa medida y por el contexto que rodea a la causa en el ámbito nacional.
“La resolución de la magistrada fue objetada a través de un recurso de reposición pero más allá de eso nosotros le expresamos nuestra preocupación por una dilación más en el proceso que lleva 12 años de iniciado y que investiga hechos sucedidos hace 37 años”, contó el abogado del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, en dialogo con medios locales.
El letrado informó que la jueza no adelantó cuál será la nueva fecha de indagatorias ni cómo piensa resolver los problemas logísticos del juzgado, pero sí escuchó el planteo de los ex combatientes.
“El Estado debe cumplir la obligación internacional de acceso a la justicia. Hablamos de derechos fundamentales. No se puede seguir revictimizando a los soldados. La jueza hablará por sus fallos y nosotros actuaremos en consecuencia”, sostuvo Guerrero Iraola.
Por otra parte, el representante del organismo de ex combatientes cuestionó los dichos del Jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, quien en su discurso durante el acto por el aniversario de esa repartición militar, deslizó que “ciertas imputaciones pretenden echar sombra sobre el heroísmo y coraje de nuestros combatientes”, cuando “todos dieron lo mejor de sí por la defensa de nuestras Islas”.
Según Guerrero Iraola, esa “alusión a la causa por torturas que se tramita en Tierra del Fuego”, es “una posición en favor de garantizar la impunidad” y “un acto de amedrentamiento tanto para las víctimas como para los querellantes”.
“De ninguna manera nos vamos conformes. Esperamos que esta situación se revierta”, sintetizó el abogado.
La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982, quienes revelaron haber sido víctimas de “estaqueamientos” y “enterramientos”, entre otros maltratos físicos perpetrados por oficiales y suboficiales contra integrantes de la propia tropa.
El caso comenzó a sustanciarse en 2007 con las primeras 25 denuncias presentadas por Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Cecim.
