l Consejo de la Magistratura de la Provincia rechazó ayer el pedido de jury de enjuiciamiento a la jueza Laboral de Río Grande Edith Cristiano, presentado hace 16 meses por la empresa forestal Lenga Patagonia.
La decisión fue adoptada por la totalidad de los consejeros presentes en la sesión desarrollada en la sede del organismo en Ushuaia, aunque hasta el momento no fueron difundidos los fundamentos que llevaron a tomar esa determinación.
El tratamiento del expediente “Nº 94/18: “Lenga Patagonia S.A. s/ presentación” incluyó la palabra del legislador radical Pablo Blanco, quien propuso el rechazo del jury “en adhesión a la opinión plasmada en el informe del artículo 10 de la Ley Nº 525, presentado por presidencia oportunamente”.
Blanco hizo referencia así al informe previo que establece la ley de jury, y que se le encomienda al presidente del cuerpo antes de adoptar una determinación sobre el rechazo o la aceptación de una denuncia.
Sin embargo, el contenido de ese informe no fue difundido a la prensa y por lo tanto no se sabe en qué se basó la resolución adoptada luego de un año y cuatro meses de tramitaciones.
El único consejero que no participó de la votación fue el legislador del PJ Federico Bilota, quien no estuvo presente en la sesión de ayer.
La multinacional Lenga Patagonia planteó la denuncia contra la jueza riograndense el 16 de mayo de 2018.
La compañía de capitales norteamericanos, a través de sus apoderados, cuestionó la intervención de la jueza Cristiano (como jueza subrogante) en la causa donde falló a favor de la empresa Glisud SA por los derechos posesorios de 30 mil hectáreas de tierras rurales, incluida la estancia María Cristina, situada cerca de Tolhuin.
El predio le pertenece a Lenga Patagonia que se lo arrendó a Glisud por 10 años, pero al término del contrato, en 2013, Glisud se negó a desalojar las tierras, reclamó una supuesta deuda impaga y luego “intervino el título unilateralmente, usando un artilugio del Código Civil, y se consideró titular de los derechos posesorios del lugar”, explicó en su momento uno de los abogados de la multinacional, Eduardo de la Puente. Además, Glisud le terminó cediendo la estancia a otra empresa, Deolinda SRL.
Por ello, Lenga reclamó los derechos sobre las tierras ante la justicia civil y se produjo el fallo contrario a sus intereses que originó el pedido de jury a la jueza Cristiano.
Casi un mes después de la denuncia, el 13 de junio de 2018, la jueza del Superior Tribunal de Justicia María del Carmen Battaini, por entonces presidente de la Magistratura, informó a los demás consejeros que se había recibido la prueba documental referida a la denuncia, en lo que parecía un procedimiento bastante ágil.
Sin embargo, la próxima novedad tuvo lugar el 12 de noviembre del mismo año (cinco meses más tarde) cuando la misma jueza distribuyó a sus pares el informe previo que marca la ley de jury, y en cuyo contenido (hasta ahora oculto) se basaron ayer los consejeros para desestimar la denuncia.
Más jury
El Consejo también trató ayer otros pedidos de jury pendientes. Por ejemplo, en relación con el presentado por el juez penal de Río Grande Raúl Sahade y el secretario Eduardo Tepedino, contra la fiscal Laura Urquiza (a raíz del escándalo suscitado meses atrás cuando la fiscal llegó a pedir auxilio de la policía para desalojar de su oficina al secretario) hubo posiciones diferentes. El ministro Leonardo Gorbacz opinó que la conducta de la fiscal debía ser resuelta directamente por el Superior Tribunal de Justicia, como una supuesta falta administrativa, lo que fue acompañado por Pablo Blanco. No obstante, el fiscal Virgilio Martínez de Sucre propuso que sea tratado como una causal de jury, lo que fue acompañado por los consejeros Carlos Sagastume (presidente del Superior Tribunal) y Oscar Suárez (representante de los abogados de Ushuaia). Ello derivó en que se remitiera el expediente a la presidencia para la realización del informe previo de la ley de jury.
En cuanto a la denuncia de los abogados de Buenos Aires Ramiro Hernán Rua y José Luis Ghioldi contra el juez penal de Río Grande Raúl Sahade y el fiscal del mismo distrito judicial Pablo Candela (por su desenvolvimiento inicial en la causa donde se investiga al intendente de Río Grande Gustavo Melella (actual gobernador electo) por el presunto abuso sexual coactivo de tres obreros de la construcción) el Consejo decidió “postergar el tratamiento para la próxima sesión”.
Lo mismo ocurrió con las denuncias realizadas contra la jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Maiztegui Marcó, por parte de dirigentes de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y del Partido Solidario de Tierra del Fuego, en relación a declaraciones de la magistrada sobre la dictadura militar, aunque en este caso los consejeros recibieron ayer el informe previo de presidencia.
La próxima sesión del organismo será el 29 de octubre a las 14.
