l presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia, Gonzalo Sagastume, recomendó en un dictamen la continuidad del trámite de jury de enjuiciamiento a la fiscal de Río Grande Laura Carolina Urquiza, denunciada por un juez y su secretario por haberse negado a recibir un expediente y por haber convocado a la policía para detener a los funcionarios judiciales que fueron a notificarla a su despacho.
A pedido de sus pares, Sagastume elaboró el dictamen establecido en el artículo 10 de la ley de jury, y consideró que el cuerpo debería correrle traslado de las actuaciones al fiscal acusador, para que se expida sobre los hechos.
El Consejo, que ayer se reunió en forma extraordinaria para prestar acuerdo a la designación interina de un defensor público, pero que tiene previsto sesionar de nuevo el martes 29, deberá analizar, primero, el pronunciamiento de Sagastume, y después resolver por votación si hace lugar a la recomendación.
En ese caso, el fiscal acusador (que es el abogado de Río Grande Miguel Ángel Castro) dictaminará luego si encuentra mérito para iniciar el jury que tiene como pena máxima la destitución del cargo de la funcionaria judicial.
El hecho
En su resumen de lo acontecido con la fiscal Urquiza, Sagastume recuerda que la denuncia fue presentada por el juez penal de Río Grande Raúl Nadim Sahade y por su secretario Eduardo Javier Tepedino, y que el hecho en discusión ocurrió el 28 de junio de este año a las 14:40 aproximadamente.
En esa oportunidad, Tepedino se dirigió a la fiscalía junto a Lucas Ghio, oficial 4º del mismo juzgado, “a los fines de hacer entrega de la causa Nº 34.329 caratulada “Ibarra Rodríguez, Francisco s/dcia”, en cumplimiento de una orden emitida por Sahade.
El juez había dispuesto la habilitación de “día y hora inhábil”, ya que los tribunales habían concluido su horario habitual.
En la fiscalía, la secretaria Georgina Minelli y otra funcionaria le comunicaron que no recibirían el expediente.
“Luego de ello, Tepedino procura comunicarse telefónicamente con Urquiza, quien no lo atendió. Y Minelli le refiere que no sabía quién lo autorizó para ingresar a la Fiscalía (…) ante lo cual se retiran del recinto llevándose el expediente a fin de informarle al juez lo sucedido”, menciona la denuncia.
Minutos después, mientras regresaban al juzgado, “en oportunidad previa a descender la escalera, Tepedino y Ghio se encuentran con la presencia de Urquiza quien venía escoltada por seis policías provinciales, y le dice que lo iba hacer detener si no se retiraba voluntariamente. Acto seguido, ella continuó caminando hacia la Fiscalía, dejando la orden a viva voz de que si él intentaba ingresar de nuevo lo detengan”.
“Conflicto jurisdiccional”
Al evaluar los hechos con los alcances provisorios de la instancia, el juez Sagastume consideró que los dos principales puntos controvertidos en el accionar de la fiscal fueron “dar la orden de no recibir actuaciones judiciales sin distinción alguna”, y “la utilización de la fuerza pública de seis policías para retirar del recinto de la Fiscalía al secretario del juzgado que estaba cumpliendo la orden del juez”.
Sobre la primera de las conductas, el magistrado valoró que la fiscal tenía “dos opciones”, o bien “acatar y cumplir la orden” (de recibir el expediente) o “impugnarla por los medios idóneos”, y que sin embargo no utilizó “ninguna de las dos”, lo cual “revela un estricto conflicto jurisdiccional”, afirmó.
“Es preciso destacar que el lugar de notificación de los fiscales es en sus respectivas oficinas, lo que justifica la presencia de los funcionarios. A su vez, las personas que asistieron a los fines de remitir las actuaciones son las habilitadas por ley. Por ello, es deber legal de la fiscal y acto de su oficio recibir el expediente, facilitar su entrega y, en consecuencia, notificarse, a los fines de impulsar el proceso judicial”, escribió en su dictamen el integrante del Superior Tribunal de Justicia.
Según Sagastume, Urquiza también delegó su actitud en un inferior jerárquico (Minelli) lo cual “agrava el contexto conflictivo porque incrementa los partícipes obstructivos del obrar de la justicia”.
A su vez, el juez recordó que la fiscal se comunicó con la Policía para denunciar la presencia de extraños en su oficina y ordenó el acompañamiento de la fuerza pública para que los detuvieran, y que ello no se cumplió “por una circunstancia ajena, cual es que el secretario Tepedino ya se había retirado del recinto de la fiscalía”.
“Es decir, no sólo se observa un incumplimiento por parte de la denunciada de acatar la orden judicial, sino que también estamos ante un exceso del uso de la fuerza pública. Es menester recordar que la presencia del secretario en la Fiscalía se debió al cumplimiento de la orden emanada lícitamente por un juez”, aseveró el titular del Consejo de la Magistratura.
Por todo ello, evaluó que “estamos ante un conflicto intersubjetivo de funcionarios públicos que se expande fuera de la relación personal de los partícipes. En el medio quedan los ciudadanos que acuden al servicio público de la justicia para esclarecer sus controversias y, en consecuencia, se ve afectado socialmente el prestigio institucional”, entendió Sagastume.
“Hago saber a los señores consejeros que luego de haber analizado la denuncia y valorado la prueba, como así también las ponderaciones pertinentes, con base en la necesidad de un amplio debate y prueba es que propongo correr traslado de las actuaciones al fiscal acusador, a los fines de que determine lo que corresponda”, concluye el dictamen al que accedió EDFM.
