l juez de instrucción 1 de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, inició de oficio una causa penal para investigar las eventuales responsabilidades derivadas del incendio forestal registrado el pasado fin de semana al norte de Tolhuin, que arrasó con 131 hectáreas de bosque.
El magistrado analiza la posible comisión del delito de “estrago” y ya realizó una inspección ocular en el lugar del siniestro, según informó ayer el portal Radio Fueguina.
La investigación evaluará el comportamiento de operarios y de responsables del aserradero de la empresa “Lenga Patagonia”, donde se presume que comenzó el fuego a raíz de la quema de desechos en medio de condiciones climáticas desfavorables.
Por su parte, un grupo de entidades ambientalistas de Tierra del Fuego requirió sanciones contra la empresa maderera.
“Todos los pronósticos del clima anunciaban coincidentemente, fuertes vientos del norte y altas temperaturas, por lo que, para cualquier ciudadano que decidiera encender una fogata en medio del bosque, lo hacía bajo la más absoluta irresponsabilidad”, afirma un documento dirigido a la gobernadora y otros poderes públicos fueguinos, por un grupo de siete organizaciones ambientalistas locales.
Las entidades acusaron a la empresa forestal de haber actuado con “absoluta negligencia" y de haber obviado “de manera irresponsable” el cumplimiento de normas de seguridad, por lo que pidieron la aplicación de “duras sanciones”.
En el diagnóstico de los ambientalistas, también se criticó el accionar estatal, por la falta de aplicación y control de “protocolos de seguridad”.
“A pesar del enorme esfuerzo de brigadistas, voluntarios y de las ONGs por combatir y restaurar bosques incendiados, estos episodios se siguen repitiendo, cuando una nueva normativa debería ser intransigente con temas de seguridad y prevención de estos siniestros”, señala el documento suscripto por la “Fundación Ushuaia XXI”, la “Asociación Mane´Kenk”, la “Asociación de Profesionales de Turismo de Tierra del Fuego” y la “Asociación Civil Conservación Península Mitre”, entre otras.
También mencionan que en incendios como el registrado el fin de semana se ponen en juego “el capital natural de la provincia”, por lo que “tanto políticos como funcionarios deben actuar de manera responsable, mientras nosotros los estamos observando”, asevera el pronunciamiento.
A los pedidos derivados del incendio se sumó el realizado por miembros de la comunidad selk’nam Rafaela Ishton, a la que pertenecen 20 de las 131 hectáreas afectadas por el fuego.
El presidente de la entidad, Rubén Maldonado, adelantó que iniciarán una demanda contra la empresa forestal, y también hizo hincapié en las responsabilidades gubernamentales por la “falta de controles”.
En tanto, el intendente electo de Tolhuin, Daniel Harrington, sostuvo que la autoridad de aplicación de la ley de ambiente debe realizar “el sumario que corresponda” para “determinar las responsabilidades de la empresa”.
“Esto se ha hecho con otros incendios, donde se recorre el área impactada y se inician los sumarios. Lo digo con conocimiento de causa por haber trabajado en el área”, afirmó el funcionario.
También agregó que “por suerte y gracias al trabajo de los brigadistas”, el incendio no afectó a las viviendas más cercanas, ni a otros madereros.
“La lluvia ayudó, porque si no, todavía estaríamos trabajando en el incendio. Fue un gran factor que trajo mucho alivio”, reconoció el intendente fueguino.
