propuesta del presidente de la bancada del Frente de Todos-PJ, el Parlamento resolvió por unanimidad girar a comisión el proyecto de ley de emergencia económica, fiscal, financiera, administrativa y social presentada el lunes por el Ejecutivo fuera girado a comisión, pero con el compromiso de tratarlo en la sesión ordinaria, la primer del año, que fue convocada para las 11.30 del próximo jueves 28 de mayo.
Igual criterio se adoptó respecto de los otros tres proyectos de ley que conformaban el orden del día de la sesión especial desarrollada ayer; el de reforma del código procesal penal sobre control restrictivo de la concesión de prisión domiciliaria presentado por el bloque del MPF; el que declara de interés público provincial a la actividad hidrocarburífera y crea la empresa Terra Ignis Petróleo y Gas y el de ratificación del decreto por mediante el que la Provincia adhirió al acuerdo de consenso fiscal 2019, que suspendió la vigencia del consenso fiscal 2017 en los relativo a la rebaja de alícuota de Ingresos Brutos y Sellos.
La sesión de ayer, que se convirtió en el primer encuentro parlamentario de este 2020, comenzó con un retraso de más de 2 horas y transcurrió en un clima político calmo.
La primera cuestión abordada estuvo relacionada la solicitud del legislador justicialista Ricardo Furlan de participar de la sesión de manera virtual, ya que por integrar el denominado grupo de riesgo del COVID-19 se veía impedido de hacerlo manera presencial.
Hubo coincidencia en que ni la Constitución ni el reglamento interno vedan esa posibilidad, por lo que se consintió el pedido, con lo que se sentó un precedente para futuras sesiones como así también para las reuniones de comisión.
Resuelta la cuestión, el radical Federico Sciurano destacó la necesidad de que la provincia cuente rápidamente con una herramienta legislativa que habilite al Ejecutivo a asistir económicamente al sector privado en el marco de la pandemia, pero dejando en claro que el proyecto oficial debía ser mejorado, en tanto que la oficialista Mónica Acosta planteó excluir de la asistencia estatal a aquellas empresas “que han demostrado no tener responsabilidad social, ya a 9 día de dictada la cuarentena dejaron en la calle a cientos de sus trabajadores”.
Por su parte, Federico Bilota (FdT-PJ) planteó que su bloque necesitaba contar mayor con información de parte del Ejecutivo para poder mejorar el texto normativo y garantizar así que la asistencia propuesta abarque a todos los sectores. Le pidió al actual ejecutivo no competir con el anterior “para ver quien peor las cosas”. Recordó su reciente pasado como presidente de la bancada oficialista que habilitaba el tratamiento “express” de los proyectos del Ejecutivo, y a modo de “mea culpa” dijo que “nosotros nos equivocamos mucho y lo pagamos caro”.
Tras dejar en claro que la voluntad de todos los parlamentarios de esa bancada era dotar rápidamente a la provincia de una ley de emergencia económica, reclamó contar con el tiempo mínimo indispensable para analizar el proyecto en comisión con la participación de funcionarios del Ejecutivo, con el compromiso de tratarlo el jueves venidero. Aprovechó para cuestionar la demora del Ejecutivo en redactar la norma presentada el jueves, y el desinterés mostrado por el oficialismo por impulsar durante el receso legislativo el análisis del proyecto de emergencia económica y administrativa que el Ejecutivo había presentado a fines del año.
Haciendo propios las críticas que el Presidente y el Gobernador dirigieron a la banca privada por la escasa asistencia financiera prestada al sector privado, planteó la posibilidad de disponer un incremento de la alícuota de Ingresos Brutos a la actividad financiera, tal lo resuelto en la provincia de La Pampa. También dijo que el Ejecutivo debe reclamarle a la electrónica nucleadas en AFARTE que constituyen el fideicomiso de 100 millones de pesos comprometido durante la gestión Bertone.
Desde el bloque del Partido Verde, Laura Colazo adhirió a los planteos de Bilota y reclamó que también sean convocados a la mesa de discusión parlamentaria a los Intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, a las cámaras empresarias y de comercio, y a representantes de los pequeños actores de la economía provincial.
Sabiendo de antemano que no iba a contar con los votos necesarios, los 2/3, el oficialismo no intentó en ningún momento forzar el tratamiento sobre tablas del orden del día, y tras resolver una cuestión reglamentaria respecto al carácter que debía tener la próximo sesión, se votó por unanimidad el pase a comisión de los 4 proyectos de ley y se acordó la convocatoria a sesión ordinaria para el jueves 28 de mayo. Además, para agilizar el análisis de las iniciativas se resolvió trabajar en plenario de comisiones.
