a Justicia penal de Ushuaia aún no recibió ninguna denuncia del Tribunal de Cuentas de la provincia acerca de presuntos delitos cometidos por ex integrantes del Laboratorio del Fin del Mundo (LFM) la empresa estatal creada durante la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone, según confirmaron ayer distintas fuentes judiciales consultadas por EDFM.
Si bien el organismo de control emitió el 29 de enero de este año, la resolución 10/2020, que realiza un pormenorizado informe sobre presuntas irregularidades detectadas en el funcionamiento del laboratorio estatal, hasta el momento esas acusaciones no llegaron a la esfera penal, según coincidieron en señalar los voceros judiciales.
“Si la denuncia se hubiese presentado directamente en un juzgado de instrucción, se le hubiera corrido vista a la fiscalía. Y en el Ministerio Público tampoco fue radicada. Es posible que la estén redactando o evaluando”, explicaron las fuentes.
De todos modos, el Tribunal de Cuentas podría llevar a la justicia una operación de compraventa de medicamentos realizada por el LFM por $43.410.195 en que se acusa a los integrantes del directorio de haber brindado información falsa a los accionistas.
También los supuestos “pagos irregulares” realizados “en contra del estatuto y lo dispuesto por la asamblea de accionistas” en favor de integrantes del directorio y dispuestas por ellos mismos.
Otro punto que incluiría la posible comisión de delitos son los pagos de “contrataciones múltiples con un mismo objeto”, en favor de dos estudios jurídicos, y “los pagos realizados por contrataciones sin que se haya recibido ninguna contraprestación y sin norma habilitante”, en favor de siete personas.
Además, el organismo de control cuestiona los “pagos indebidos” realizados a personas que viven fuera de la provincia, en lugares donde no hay “ni actividades ni filiales del Laboratorio”, y “sin contraprestación”.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas observó en su informe el pago a integrantes de la comisión fiscalizadora del LFM que “no estaban en condiciones de integrarla”. Al respecto señalan los casos de un abogado que supuestamente cobraba un sueldo del Anses y a su vez otro como síndico de la empresa estatal, o de directores que cobraban también como gerentes, o percibían otros sueldos estatales en forma simultánea.
En esa línea, la investigación administrativa indica que se habrían reparado automóviles cuando el Laboratorio no posee vehículos, o se habría pagado el servicio de la obra social privada OSDE y el impuesto de trabajadores autónomos a gerentes de la empresa estatal.
El tribunal advierte que el LFM nunca aprobó un “Reglamento de Compras y Contrataciones, que hubiese generado una presunción respecto del cumplimiento de los lineamientos y las pautas constitucionales de contratación, sumado a la falta de un Plan de Negocios que mínimamente hubiese permitido presumir de su texto Ia necesidad de las contrataciones”.
Incluso un apartado revela que el Laboratorio habría otorgado un subsidio de $20 mil y habría donado $510 mil a una fundación de lucha contra el VIH, algo que no tendría “encuadramiento normativo” ni sería competencia del organismo en relación a su objeto social.
Por estos hechos, el Tribunal de Cuentas iniciaría juicios de responsabilidad para recuperar los montos del presunto perjuicio fiscal, aunque llegado el caso también podría denunciar la existencia de delitos penales, y en ese caso llevaría la investigación a otro plano de mayor gravedad.
