esde ayer a media mañana la principal arteria céntrica de Ushuaia, la calle San Martín, se encuentra interrumpida al tránsito a la altura del 900. El corte es frente a la Remisera Carlitos, empresa que decidió no renovar el contrato que motivó que unas 10 personas decidieran cruzar vehículos en la intersección con Don Bosco, e impedir la transitabilidad por el sector.
Ayer miércoles se generó por momento algún que otro inconveniente con el tránsito ya que también hubo otro bloqueo con vehículos en la calle Gobernador Deloqui, entre Don Bosco y Rosas. Esto generó que quienes subían por Don Bosco no pudieran acceder a San Martín y por momentos tampoco pudieran doblar hacia Deloqui.
El motivo del bloqueo, fue la decisión de la Remisera Carlitos de no renovar la relación contractual que estaba vencida con unos 6 propietarios y que afectó a otro número similar de choferes. Para manifestar su descontento fue una quincena de personas llegó con combis y un colectivo de gran porte y bloquearon la principal calle céntrica de la capital.
También colocaron un tacho con maderas para calefaccionarse y montar un piquete frente a la remisera. Mientras propietarios hablan de despidos, desde la empresa niegan rotundamente despidos ya que la relación se rigen bajo contrato entre privados.
Pero más allá de las diferencias y el conflicto entre los 6 propietarios despedidos y la remisera, los que pagaron las consecuencias fueron los vecinos de Ushuaia. Todos aquellos que quisieron transitar libremente por el centro se encontraron con el bloqueo.
Los manifestantes anticiparon que se iban a quedar hasta que sean reincorporados mientras desde la empresa señalan que no están dispuesta a renovarles el contrato para que presten servicio nuevamente. Consideran que las personas que no recibieron la renovación han generado conflictos a la remisera desde que comenzó la pandemia.
Lo cierto es que una vez más la San Martín volvió a estar cortada por un piquete, rememorando antiguas épocas. Pero lo que es peor, el bloqueo estuvo ante la mirada de vecinos impotentes y la pasividad de autoridades que no definen una convocatoria en la jurisdicción laboral correspondiente establecidas para estos casos.
