on el “objetivo de poder garantizar el control de la gestión pública por parte de la Legislatura Provincial” el bloque legislativo del Partido Verde presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle la totalidad de los fondos públicos invertidos, hasta el momento, vinculados con la pandemia COVID-19.
En el proyecto ingresado el pasado viernes 17 solicitan se precise “tipo de contratación (Compra directa, licitación pública o privada) detallando el artículo e inciso correspondiente de la Ley Provincial N° 1015”, que estableció el régimen general de contrataciones para el sector público provincial; “actos administrativos que aprueban las distintas etapas de la compra (llamado, adjudicación y pago en caso de corresponder)”; “listado de oferentes presentados por cada contratación, análisis de ofertas e informe de adjudicación del área correspondiente”; “monto de la compra o contratación, informando si es un pago único o tracto sucesivo”; “estado de cancelación (pagado o pendiente de pago)” y “ número de informe de auditoría externa y, en caso de corresponder, si fue auditado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia”.
En el fundamento de la iniciativa, la legisladora Victoria Vuoto, sostiene que “uno de los planos en los que impacta la situación de emergencia es en las compras y contrataciones del Estado. En efecto, es frecuente observar en el contexto actual la recurrencia a procedimientos de excepción para procurar los bienes y servicios que se requieren para atender las necesidades públicas” y que si bien “esos procedimientos, qué son aceptables en la medida que estén debidamente justificados son un recurso para lidiar con las demandas imprevistas asociadas a la pandemia, debemos asegurarnos de que esos procedimientos sean utilizados precisamente para una respuesta eficiente y que tengan el control adecuado. De lo contrario, pierden su razón de ser y, con ello, su legitimidad”.
Por ello, entiende que resulta “necesario poner especial énfasis en el sistema de contrataciones públicas en estado de emergencia, para dar a conocer la trazabilidad sobre cómo se adquieren los bienes y servicios” ya que “resulta primordial garantizar el funcionamiento de las instituciones y los sistemas de control de las administraciones provinciales para asegurar el correcto uso de los fondos públicos”.
Recuerda además que el artículo 8 de la Constitución Provincial determina que "todos los actos de Gobierno deben ser publicados en la forma que la ley determine, garantizando plena difusión, especialmente aquéllos relacionados con la percepción e inversión de los fondos públicos y toda enajenación o afectación de bienes pertenecientes al Estado Provincial o a las municipalidades. La violación de esta norma provocará la nulidad absoluta del acto administrativo no publicitado, sin perjuicio de las responsabilidades políticas civiles y penales de las personas intervinientes en él”. Por ello señala que “es obligación del Poder Ejecutivo publicar los actos administrativos como parte de los mecanismos establecidos para la correcta rendición de cuentas” y que ese “procedimiento se lleve oportunamente generando una mayor transparencia garantizando el acceso a toda la comunidad” a esa información.
Agrega también que la carta magna fueguina establece en el artículo 73 “el deber de eficiencia y racionalización del Estado, respetando los principios de eficiencia, celeridad, economía, descentralización e imparcialidad y al mismo tiempo racionalización del gasto”.
