l Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) comunicó ayer que “rechaza” y que “apeló” la decisión del juez Federal Federico Calvete prohibiendo la matanza de conejos en la península de Ushuaia a partir de una medida cautelar presentada por dos asociaciones protectoras de animales.
El recurso judicial fue presentado por la gerencia de Asuntos Legales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) del que depende el Cadic, y en el escrito se hizo referencia a “errores procedimentales, técnicos y legales” en los que habría incurrido el juez Calvete, y al desconocimiento de “argumentos científicos aceptados a nivel mundial por organismos académicos, gubernamentales y ambientales”.
Según la postura del Conicet, el conejo es una especie exótica invasora “en todas las regiones en las que se encuentra, a excepción de Europa, de donde es originario”, mientras que la presencia del “Conejo de Castilla” en Tierra del Fuego, así como en el resto de los lugares que invade, “produce daños que pueden ser irreversibles en los ecosistemas nativos”.
Además, el documento señala que en esta región, el riesgo es “mucho mayor” ya que los ecosistemas subantárticos tienen una “baja capacidad de recuperación ante agresiones externas”.
“Así se demostró en el pasado en la provincia: se destruyeron zonas completas de vegetación nativa, arruinando el suelo y también la capacidad productiva de las estancias locales. Por ejemplo, Caleta Josefina y San Sebastián redujeron su productividad en más del 80%, pasando de tener 160.000 ovejas cada una a 60.000 entre las dos, a mitad del siglo pasado. También, al cavar en busca de raíces y para construir madrigueras, los conejos dañan yacimientos arqueológicos y paleontológicos, destruyendo irremediablemente los restos y la información que estos guardan”, fundamentó el comunicado del CADIC.
En esa línea, el organismo científico llamó a “tomar conciencia de la gravedad de la situación y asumir la responsabilidad del cuidado del ambiente y del patrimonio, aunque esto implique tomar muchas veces decisiones difíciles. Como sociedad debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a asumir el riesgo de perder nuestra característica vegetación -como por ejemplo los calafates o los ciruelillos-, y con ella a muchas aves - como el zorzal patagónico, el chingolo, el comesebo patagónico, la ratona, la cachirla o el cachudito pico negro-, entre otras especies que crecen en relación con la vegetación nativa? ¿Estamos dispuestos, además, a resignar nuestro legado cultural, los valores simbólicos de nuestros originarios y la fertilidad de nuestras tierras? Nuestra ética profesional y, sobretodo, ciudadana nos indica que no, que hay que actuar para proteger los ecosistemas nativos”, argumenta la institución en su pronunciamiento sobre el tema.
A su vez, explica que muchos de los integrantes del CADIC son fueguinos de nacimiento y otros por adopción, pero en ambos casos “tenemos en común el valor que le damos a la exuberante naturaleza que nos rodea y la cultura que se asocia a ella, y que juntas hacen de este fin del mundo un lugar único. Hace cinco décadas que desde el CADIC venimos estudiando la naturaleza y la cultura fueguinas para conocerla y protegerla, porque no se ama lo que no se conoce y no se protege lo que no se ama”, agrega el documento.
Otro factor que aborda el organismo científico es el sanitario, al sostener que los conejos son portadores de muchas enfermedades que pueden ser transmitidas a humanos, entre ellas “un coronavirus, con la posibilidad de establecer un cruce a otras especies, la bacteria que produce el Síndrome Urémico Hemolítico, principal causante de las fallas renales en niños en Argentina, la tularemia o fiebre del conejo que si bien se trata con antibióticos puede llegar a ser mortal, entre otros virus, bacterias, hongos y parásitos”.
A todo lo expuesto se suma una obligación legal: según la tipificación de las leyes nacionales y los tratados internacionales citados por el Cadic, “el conejo no sólo no pertenece a una naturaleza que debe ser protegida sino que, por el contrario, es una especie exótica y constituye un peligro que debe ser controlado”.
En este punto, el comunicado hace referencia al reciente dictamen del Consejo Provincial de Ambiente de Tierra del Fuego que aconseja atender la problemática de las especies exóticas invasoras en la provincia, prestando especial atención al conejo por ser la segunda especie más dañina dentro de esta categoría, en el territorio.
La propuesta alternativa
Finalmente, el CADIC analiza la propuesta presentada por las protectoras de animales (y acogida por el juez Calvete) para capturar a los conejos, esterilizarlos y trasladarlos a otro predio.
“La propuesta alternativa presentada a la Justicia carece de muchas precisiones por lo cual no sólo no se sabe si sería efectiva (ya que no cuenta con aval científico ni antecedentes prácticos) sino que además es imposible determinar si sería siquiera realizable: no indica las técnicas de captura y castración, los recursos necesarios para llevar a cabo la medida ni el tiempo que tomaría. Además, deja abiertos muchos interrogantes: ¿cómo alojarían unos 200 conejos en un predio de 60 metros cuadrados (esto significa un cuadrado de medio metro por medio metro para cada animal)? ¿Cómo los alimentarían, si la cobertura vegetal de una extensión semejante alcanza para alimentar a un solo conejo durante apenas una quincena? ¿Cuál sería el impacto para estos animales de ser capturados, intervenidos quirúrgicamente, trasladados y mantenidos hacinados y en cautiverio por el resto de su vida? Esto sin mencionar el riesgo ecológico que implicaría contribuir a su dispersión, tal como se indica en dicha propuesta. El objetivo del CADIC es proteger el patrimonio natural y simbólico fueguino del modo más ético y humanitario posible, priorizando la salud de los ecosistemas y las personas”, afirma el documento de la entidad científica.
Por último, señala que “lejos está de nosotros una actitud intransigente, estamos abiertos al diálogo y al trabajo conjunto, pero siempre poniendo como valor supremo el cuidado del ambiente y de la cultura, aspectos que se ignoran por completo en la mencionada resolución judicial. Entendemos el sentimiento de quienes quieren encontrar soluciones alternativas, pero esto no puede hacerse a costa de nuestra memoria, de nuestra salud y del derecho a vivir de nuestras plantas y animales”, concluye el escrito.
