ntendiendo que la cantidad de contagios de COVID-19 registrados en Río Grande ubica a esa ciudad entre las más perjudicadas del país en los aspectos sanitarios, económicos y sociales producidos por la pandemia, desde la Unión de Empleados Judiciales se propuso a la Legislatura que se declare por 3 meses, prorrogables por igual plazo, en “estado de desastre mayor la jurisdicción provincial y municipal coincidente con los límites geográficos de la ciudad de Río Grande”.
La iniciativa, presentada el pasado viernes 11, sostiene que la declaración de zona de desastre tiene por objeto establecer una serie de medidas de “mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción”. Entre esas medidas se propone implementar un subsidio para “los empleados de los establecimientos comerciales e industriales” por un monto equivalente “a la suma percibida a través del programa nacional de asistencia de emergencia al trabajo y la producción (ATP) y acumulable a éste, con la finalidad que los empleados perciban el 100% de sus remuneraciones”, y otro que alcance a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con un monto equivalente al que liquida el Gobierno nacional. Los recursos necesarios para financiar estas ayudas económicas a los empleados del sector privado riograndense surgirán de los que en el marco de la ley de emergencia fueron afectados al programa Progreso y que a la fecha no hayan sido aplicados a tal fin. Propuesta ésta que de aplicarse restará recursos para brindar otras asistencias al sector pyme de la Provincia.
El proyecto contempla también que mientras dure la declaración de “desastre mayor” se pague “una asignación no remunerativa” y transitoria del 30% de la remuneración habitual y permanente al “personal sanitario y de seguridad asignado a cumplir funciones” en Río Grande.
Además, establece que mientras dure el estado de desastre se prohíban “los incrementos de planta de personal de los tres poderes del estado provincial, organismos autárquicos o descentralizados”, se suspenda la aplicación de la ley 855 (de dietas), “no pudiendo aumentarse, bajo ningún concepto, las dietas de los funcionarios comprendidos en dicha norma” como así también el pago “de los adicionales de arraigo, vivienda o cualquier otro concepto destinado al personal político que tenga por objeto el pago de traslados, alquileres o cualquier otro gasto que tienda a solventar los desplazamientos o estadías dentro del territorio provincia”, para que las partidas afectadas a tales fines se apliquen “a financiar la asignación no remunerativa” prevista para el personal de salud y de seguridad.
