l Consejo de la Magistratura de la provincia convocó a una sesión para mañana a las 12 en su sede de la ciudad de Ushuaia, en la que el tema prioritario será el caso del juez de instrucción 2 de Río Grande Raúl Sahade, comprometido por una pericia telefónica con el posible cobro de fallos y arreglo de causas de su juzgado, tal como reveló este lunes EDFM.
Sin embargo, fuentes judiciales señalaron al cierre de esta edición que el encuentro aún está sujeto a confirmación, debido a que algunos de los consejeros todavía no habían ratificado su asistencia.
Cuando la sesión se concrete, los miembros del Consejo recibirán formalmente copia del oficio remitido por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) donde constan copias certificadas de una resolución de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande.
La Cámara es el organismo judicial que tomó nota del contenido de una pericia telefónica realizada sobre el celular de la abogada María Angélica Naveas Lagos, en una causa donde la acusan del cobro indebido de dinero a un cliente suyo.
Esa pericia es la que incluye intercambios de mensajes comprometedores entre la abogada y Sahade, porque se hace referencia a supuestos pagos a cambio de sentencias, y porque el juez le indica a la letrada, la presentación de determinados escritos judiciales para obtener resultados en causas en trámite.
De acuerdo a los procedimientos habituales del Consejo de la Magistratura, los consejeros recibirán copias individuales de las actuaciones y evaluarán si le encomiendan al presidente del cuerpo, el juez del Superior Tribunal Javier Muchnik, el informe preliminar que establece el artículo 10 de la ley 525 de jury de enjuiciamiento de magistrados.
Con ese informe elaborado, que puede recomendar o no el inicio de un jury, los consejeros podrán resolver si corren traslado del caso al fiscal acusador, que para este año es el abogado de Río Grande Miguel Ángel Castro.
Recién con una acusación fiscal, los miembros del Consejo podrían evaluar una eventual suspensión transitoria del magistrado mientras se desarrolla el jury, algo que parece muy lejano en el tiempo si se considera el clima que generó en ámbitos judiciales de Río Grande el tenor de las imputaciones en contra de Sahade.
Por otra parte, además de este asunto, los consejeros aprovecharían para pasar lista a los concursos en trámite, entre ellos el de los nuevos dos miembros del Superior Tribunal, a partir de su ampliación de tres a cinco integrantes.
Ese concurso ya fue abierto y se dispuso el período de inscripción con vencimiento el próximo 9 de noviembre.
Además, resulta una incógnita si el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, se referirá en el encuentro a la acción de inconstitucionalidad presentada ante el STJ contra el decreto 723 del año 2009 (suscripto por la ex gobernadora Fabiana Ríos) que creó un mecanismo de consulta ciudadana posterior a la selección de candidatos a jueces de la Corte y del vocal legal del Tribunal de Cuentas.
Al tratarse de un tema que atañe al proceso de selección y a las atribuciones del Consejo, también podría ser objeto de tratamiento por parte del organismo.
La sesión es posible que se realice de manera mixta, es decir, con algunos de los consejeros de forma presencial y otros de manera virtual por videoconferencia.
La causa penal
Respecto del caso Sahade, fuentes judiciales informaron ayer a EDFM que el Fiscal Mayor de Río Grande, Guillermo Quadrini, pidió vista del expediente luego del pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones.
Según trascendió, Quadrini podría ampliar el requerimiento de instrucción (en la causa donde actualmente se investiga a la abogada Naveas Lagos) e imputar de posibles delitos al juez Sahade.
Esta situación podría incluir también el pedido de nuevas medidas de prueba al juez de instrucción 1, Daniel Cesari Hernández, que se encuentra a cargo de la investigación.
Si Sahade no decide tomarse algún tipo de licencia, mientras se sustancia la causa en su contra, la realidad de los tribunales riograndenses se volverá compleja: un juez penal investigando al otro, con la actuación de fiscales que también comparten intervenciones en ambos juzgados.
Respecto del desenvolvimiento de la Fiscalía en el caso, Quadrini hizo saber que no analizó la posible comisión de ilícitos por parte de Sahade, hasta tanto no se expidiera la Cámara de Apelaciones, donde llegó un recurso de la abogada imputada, pidiendo la nulidad del allanamiento donde fue secuestrado su teléfono celular.
El fiscal “aguardó que la Cámara resolviera ese planteo” antes de abocarse ahora a la situación del juez cuestionado, dijeron las fuentes consultadas por este medio.
