l Consejo de la Magistratura de la provincia le encomendó al presidente del cuerpo, Javier Muchnik, la elaboración de un informe preliminar sobre la situación del juez de instrucción 2 de Río Grande, Raúl Sahade, comprometido por una pericia telefónica con el posible cobro de fallos y arreglo de causas de su juzgado, tal como reveló la semana pasada EDFM.
El organismo encargado de la selección y remoción de magistrados sesionó el viernes en Ushuaia, y aunque también trató otros temas, la situación de Sahade fue la principal.
Los consejeros recibieron copia del oficio remitido por el Superior Tribunal de Justicia, donde a su vez figura la resolución de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande en la que se hace referencia al presunto mal desempeño del juez de instrucción.
En atención a ello, y “al carácter de los hechos que allí se describen” decidieron, primero, la formación de un expediente (caratulado Oficio STJ-SSA Nº 312/20) y después instruir al presidente para que “inicie la investigación preliminar prevista en el artículo 10 de la ley 525 (de jury de enjuiciamiento).
El caso Sahade se hizo público cuando la Cámara de Apelaciones riograndense tomó nota del contenido de una pericia telefónica realizada sobre el celular de la abogada María Angélica Naveas Lagos, en una causa donde la acusan del cobro indebido de dinero a un cliente suyo.
Esa pericia es la que incluye intercambios de mensajes comprometedores entre la abogada y Sahade, porque se hace referencia a supuestos pagos a cambio de sentencias, y porque el juez le indica a la letrada, la presentación de determinados escritos judiciales para obtener resultados en causas en trámite.
El Consejo de la Magistratura también trató otros temas, como la propuesta realizada por el juez Muchnik de “realizar un temario para el desarrollo del escrito requerido en el Reglamento Interno”, dentro del concurso en trámite para elegir a los dos nuevos miembros del Superior Tribunal de Justicia.
Según el acta de la sesión, ese temario “debiera darse a conocer al momento de publicar el listado de (los postulantes) admitidos (en el concurso.
La propuesta, sobre la que no existen mayores precisiones, implicaría que los candidatos a jueces sabrían de antemano sobre qué temas los podrían evaluar en la prueba escrita del certamen, que por otra parte no es merituada por ningún jurado académico y carece de puntuación.
La idea de Muchnik será “analizada” y “tratada en la próxima sesión”.
A su vez, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, informó a sus pares acerca de la acción de inconstitucionalidad que planteó contra el decreto 723 de 2009, una medida dictada por la ex gobernadora Fabiana Ríos (y todavía vigente) que propone un procedimiento de consulta ciudadana posterior a la selección de candidatos a jueces del Superior Tribunal y del vocal legal del Tribunal de Cuentas.
El Fiscal amplió los argumentos de esa demanda y reiteró que el procedimiento impugnatorio de postulantes “se encuentra instrumentado en el seno de este Consejo desde el año 2001”.
En la sesión del viernes estuvieron presentes Muchnik, Martínez de Sucre, el ministro jefe de gabinete Agustín Tita, el legislador Pablo Villegas y el abogado de Ushuaia Oscar Suárez, mientras que participaron por videoconferencia el legislador Ricardo Furlan y el abogado de Río Grande Miguel Ángel Castro.
También presenciaron la sesión el secretario del Superior Tribunal David Pachtman y el secretario Legal y Técnico del Gobierno, José Guillermo Capdevila.
