l Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ) rechazó ayer el pedido de medida cautelar solicitado por el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre para suspender el concurso por el que deben elegirse a los dos nuevos jueces del máximo tribunal fueguino.
Martínez de Sucre planteó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 723/09 dictado por la ex gobernadora Fabiana Ríos (y todavía vigente) que crea un procedimiento de consulta ciudadana posterior a la selección de los jueces del Superior Tribunal y el vocal legal del Tribunal de Cuentas por parte del Consejo de la Magistratura.
En el contexto de ese expediente, el fiscal requirió la semana pasada la suspensión del concurso actualmente en trámite (para elegir a los jueces que ampliarán el tribunal de tres a cinco miembros) hasta tanto se resuelva el planteo de fondo, es decir, si el decreto es inconstitucional o no.
Sin embargo, en una resolución adoptada ayer por la jueza del STJ María del Carmen Battaini y por el camarista Civil de Ushuaia Alejandro Fernández (en calidad de juez subrogante) la cautelar fue rechazada y el concurso seguirá llevándose a cabo.
“Advertimos que los recaudos cautelares se encuentran ausentes en este acotado estadio cognitivo. El gravamen irreparable y el peligro en la demora invocados en la pieza examinada no trascienden el nivel conjetural e hipotético”, sostiene el fallo de Battaini y Fernández al que accedió EDFM.
Según los jueces, una prueba de que el planteo de Martínez de Sucre consiste en una mera posibilidad sin sustento, es que cuando se aplicó en 2009 el decreto de Ríos, “no se tradujo en discrepancias entre el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo”.
“La interferencia y el conflicto institucional que avizora el actor, cuya manifestación procura conjurar de modo anticipado con la precautoria, no revisten actualidad y carecen, así, de un atributo liminar que justifique -por un lado- la interdicción del proceso y de la atribución ejercida en su convocatoria por el órgano encargado de la selección en curso, y -por otro- la actuación suspensiva del Poder Judicial sobre la aplicación de un decreto por parte de otra autoridad del Estado provincial”, sostiene la resolución del STJ.
Incluso la sentencia menciona que la aplicación del decreto 723 “prima facie” “no vulnera la operatividad de funcionamiento de los distintos estamentos que consagra la Carta Magna”.
De esta forma, el fallo discrepa con el planteo del Fiscal de Estado, para quien no se puede continuar con el concurso sin resolver antes el “conflicto de poderes” suscitado entre el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo, respecto de la selección y el posterior nombramiento de los jueces.
Es que según Martínez de Sucre, con el decreto de Ríos, el Ejecutivo “se reservó la facultad de designar al candidato propuesto a las resultas de la acreditación de una serie de requisitos de integridad moral e idoneidad académica que ya son evaluados por el Consejo”.
El fiscal sostiene que al no haber derogado el decreto, es muy posible que el actual gobernador Gustavo Melella lo aplique al momento de la designación de los magistrados, con lo que volvería a “violentar la Constitución sometiendo al o los candidatos eventualmente elegidos durante el concurso a una duplicidad de instancia completamente inaceptable”.
“Las consecuencias de un desenlace de estas características son de una gravedad inusitada. Una secuela de eventos que incluyera la postergación del nombramiento a las resultas de un procedimiento que, so color de su mayor amplitud o publicidad, sólo viene a reiterar instancias de participación ya previstas en el procedimiento del Consejo de la Magistratura, poniendo en tela de juicio lo actuado por éste, dañaría de manera irreparable el procedimiento de selección”, afirmó el Fiscal de Estado en su presentación. Y agregó que “el escándalo institucional que implicaría la resolución antagónica por parte de distintos poderes del Estado ante los mismos antecedentes de uno de los postulantes colocaría a nuestro sistema en una crisis política de dimensiones impensadas”.
No obstante, para el STJ, esa situación es por ahora una conjetura que no amerita la suspensión del certamen para elegir a los nuevos jueces.
Tres excusados
Ante la presentación realizada por Virgilio Martínez de Sucre, los actuales jueces del Superior Tribunal Gonzalo Sagastume (presidente) y Javier Muchnik (vicepresidente) se excusaron de intervenir.
En el caso de Sagastume por haber emitido opinión en contra del decreto de Ríos cuando el asunto fue abordado en el Consejo de la Magistratura en oportunidades anteriores, y Muchnik por ser el actual presidente del Consejo.
A su vez, el camarista Civil de Ushuaia Aníbal Acosta, que había resultado sorteado para intervenir en la causa, como juez subrogante, también se excusó, pero en su caso por ser uno de los inscriptos en el concurso para juez de la Corte provincial.
