a jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, procesó con prisión preventiva a los cuatro imputados en el operativo antidroga “Valle Verde” por el que se incautaron 35 kilos de marihuana el pasado 23 de octubre, informaron fuentes judiciales.
Se trata de Abraham Elías Abdala Andole de 21 años, Pablo Marcelo Soria de 34, Josué Levi Llontop Castro de 29 e Iván Alexis Haro Córdoba de 32, a quienes les adjudicaron el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Borruto dio por demostrado, en esta instancia del proceso, que estas personas formaban parte de una organización dedicada al fraccionamiento y la venta de la droga.
La causa corresponde a una investigación iniciada en conjunto por la Fiscalía, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport, y por personal de la Policía de la provincia.
A raíz de ello, Borruto ordenó una serie de allanamientos en distintos lugares de Río Grande donde fue secuestrada la marihuana.
Los procedimientos fueron realizados en los domicilios ubicados en la calle Carlos Lisa, Fray Santa María de Oro al 1300, Forgacs al 1200 y otros dos en la zona de la Margen Sur.
El operativo bautizado con el nombre de “Valle Verde” porque tres de los acusados son tucumanos y oriundos de la localidad de Tafí del Valle, llevó varios meses de tareas investigativas y concluyó con el secuestro de “52 ladrillos” de marihuana, dijeron las fuentes policiales consultadas.
Según trascendió, la red narco era investigada al menos desde el mes de julio y la incautación del estupefaciente comenzó a partir de que la policía demoró a dos vehículos en diferentes procedimientos.
Se trata de un Chery QQ en el que se encontraba Llontop Castro, un joven peruano, y un Volkswagen Gol conducido por Haro Córdoba. Allí aparecieron los primeros 7 kilos de marihuana.
Después se realizaron los allanamientos donde fue secuestrada el resto de la droga.
También se realizaron procedimientos en lugares donde finalmente no fue hallado ningún estupefaciente pero sí elementos de interés para la causa, como comprobantes de depósitos bancarios, y donde también se notificaron a personas de derechos y garantías, incluso un menor de 17 años.
