tendiendo a las complicaciones que las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia de COVID-19 ha ocasionado a todos los actores del sistema educativo de Tierra del Fuego, a fin de “garantizar” el acceso a la educación y “proteger a quienes llevan adelante el arduo trabajo de educar”, el bloque legislativo de la UCR presentó un proyecto de ley que declara la emergencia educativa en la Provincia por un año, prorrogable por igual período.
La iniciativa, ingresada a fines de la semana pasada, determina que mientras rija la emergencia, la educación será considerada “como actividad esencial”, quedando comprendidos todos los establecimientos educativos que componen el Sistema Educativo Provincial.
En el marco de la emergencia faculta al Ministerio de Educación “para reorganizar el calendario escolar, adaptar los contenidos curriculares, disponer la reapertura parcial o total de los establecimientos educativos y establecer la coexistencia de la modalidad virtual o estudios a distancia”, como así también a disponer “de planes de contingencia orientados especialmente a abordar de manera integral las trayectorias educativas discontinuas con la finalidad de garantizar los núcleos de aprendizajes prioritarios, con especial énfasis en la reducción de las desigualdades educativas que pudieran haberse incrementado desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”.
Pero más allá de ello, Martínez Allende y Sciurano, proponen que mientras dure la emergencia se cree un “Programa de Detección y Acompañamiento de Estudiantes en Riesgo de Abandono Escolar” que priorice el retorno a la presencialidad de aquellos estudiantes con riesgo de abandono escolar, y que además contemple, entre otras medidas, programas de acompañamiento a los estudiantes en riesgo de abandono escolar, la instrumentación de mecanismos de apoyo escolar y asistencia a estudiantes en riesgo de abandono o fracaso escolar, el monitoreo de la situación nutricional y de las condiciones de salud de los y las estudiantes, con especial foco en aquellos en contextos de mayor vulnerabilidad.
Para representantes legislativos de la Unión Cívica Radical “la situación actual está reforzando uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, la desigualdad educativa”, que en esta instancia responde en gran medida a la “creciente brecha digital entre las personas que tienen acceso, material y económico a medios digitales y aquellos que no”. Previendo que todavía deban seguir implementándose en la Provincia dispositivos de educación no presencial, postulan que desde la carteta educativa se deberá “procurar el acceso equitativo a la conectividad y a los recursos tecnológicos adecuados para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, para propender a la reducción de la brecha digital y promover la mejora en el uso de la tecnología”.
Para ello impulsan la creación del “Programa Becas de Conectividad” que contemple la entrega de dispositivos que garanticen la provisión de Internet y de equipamiento que posibilite el acceso a las plataformas educativas tanto para estudiantes como para docentes.
En el proyecto de ley también se instituyese un “Ingreso de Emergencia para Docentes Suplentes, como prestación monetaria mensual, no reintegrable y no gravable”, por un monto equivalente al establecido a nivel nacional para el Ingreso Familiar de Emergencia, destinado específicamente “al personal docente que se encuentra desocupado, que no hubiera percibido dicho beneficio y no hubiera sido designado por encontrarse suspendido el procedimiento de nombramiento para el cumplimiento de la suplencia, interinato o cualquier otra modalidad transitoria, mientras dure la emergencia educativa”.
Otras de las propuestas contenidas en la iniciativa es la creación del “Fondo de Infraestructura Escolar de Emergencia” para impulsar un plan de mejoras edilicias “para garantizar las condiciones de infraestructura necesarias a los fines de la reapertura de los establecimientos educativos” y la “provisión de los elementos de higiene, protección y seguridad requeridos para cumplimentar con los protocolos de funcionamiento”.
Además proponen que se fije un “Ingreso de Emergencia para Jardines de Primera Infancia” consistente en un subsidio económico mensual “equivalente a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles mensuales, destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos y a solventar los gastos de funcionamiento mientras dure la emergencia”, y que estas instituciones de “gestión estatal, privada, social o cooperativa” se ven eximidas del pago de Ingresos Brutos.
Para hacer frente a las erogaciones que demande el cumplimento de las medidas dispuestas en el proyecto de ley de emergencia educativa, se faculta al Poder Ejecutivo Provincial a “proceder a la asignación o reasignación de las Partidas presupuestarias correspondientes”.
La iniciativa tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria del Parlamento, que todavía no tiene fecha precisa de realización, y recién entonces quedará habilitada para su análisis en comisión y posterior tratamiento sobre bancas. Para cumplir con ese trámite dentro del período de sesiones ordinarias, que finaliza el martes 15 de diciembre, a la Legislatura le quedan 30 días corridos.
