l juez de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, resolvió rechazar el requerimiento fiscal, por el delito de cohecho agravado, por el que estaba imputado el titular del Juzgado de Instrucción Nº 2, Raúl Nadim Sahade. En la resolución el magistrado actuante evaluó que los hechos que se le imputan resultan “atípicos” y por lo tanto no se puede seguir adelante con el proceso.
Más allá de esta desvinculación en el plano penal, decidida el viernes pasado, todavía está abierto un expediente en el Consejo de la Magistratura donde se debe determinar si se inicia un jury contra Sahade o bien se desestima la investigación para determinar si incurrió en algunas de las causales de destitución que rige sobre los magistrados.
La investigación en el plano judicial contra Sahade fue por sospechas de supuesto cobro de dinero para dictar fallos, y por pasarle modelos de escritos judiciales a una abogada para que los presentara en causas en trámite ante su propio juzgado.
En noviembre del año pasado, el entonces Fiscal Mayor, Guillermo Quadrini, requirió la instrucción de la causa contra Sahade, en la que también imputaba a la abogada particular María de los Angélica Naveas Lagos, a partir de una serie de mensajes telefónicos que ambos mantenía sobre un presunto pago por dictar fallos y para resolver en una causa respecto a una persona que estaba imputada en un homicidio culposo, por un incidente vial.
El 14 de octubre del año pasado los hechos fueron puestos en conocimiento al juez Gonzalo Sagastume (quien ocupaba la presidencia del Superior Tribunal de Justicia), por los jueces de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, Federico Vilella, Jorge Luis Jofré y Julián De Martino; quienes remitieron “copias certificadas” de las actuaciones respecto a un informe pericial donde surgen comunicaciones entre Sahade y Naveas Lagos que “darían cuenta de presuntas conductas que al menos podrían resultar contrapuestas con la ética de un magistrado de este Poder Judicial”.
A partir de que se conocieran los hechos, el Fiscal Quadrini impulsó la investigación, tras lo cual se hizo un allanamiento en el Juzgado de Raúl Sahade, ordenado por el juez Daniel Cesari Hernández, en noviembre del año pasado. Allí se procedió a notificarlo de derechos y garantías e imputarlo por el presunto delito de cohecho agravado.
La resolución
Ahora, al culminar la semana pasada, el juez de la causa resolvió rechazar “parcialmente el requerimiento de instrucción en los hechos imputado a Raúl Nadim Sahade, en su condición de magistrado del Poder Judicial, calificado como cohecho activo agravado, por resultar los mismos atípicos constituyendo un obstáculo para la prosecución del proceso”.
En la resolución también “deja sin efecto la oportuna notificación de derechos y garantías practicadas a Raúl Nadim Sahade”.
Respecto a la situación de la coimputada María Angélica Naveas Lagos, también rechaza parcialmente el requerimiento de instrucción “respecto a la porción del hecho que se le achacara en su vinculación con el Juez de Instrucción Nº 2 del Distrito Judicial Norte Raúl Nadim Sahade y calificado como cohecho pasivo, por resultar atípico el mismo, constituyendo un impedimento para la prosecución del proceso”.
Causa contra la abogada
En su escrito, el juez Cesari Hernández resolvió “continuar la investigación en relación a los hechos atribuidos a la letrada María Angélica Naveas Lagos en el requerimiento que hizo la Fiscalía, presuntamente cometido en perjuicio de Pablo Gastón Hernández”, respecto al pedido de dinero en torno a una causa en la que este último está imputado como autor del delito de homicidio culposo, sobre lo cual el damnificado dijo sentirse estafado por la letrada.
Cesari Hernández solicitó una ampliación de la pericia contable para que “profundice el concepto de ahogo financiero que refiere en su dictamen en relación a la economía de Pablo Gastón Hernández, en referencia a las transacciones realizadas a favor” de la abogada.
“La perito deberá indicar si de las constancias contabilizadas surge relación directa entre los 4 préstamos que informa la perito, contraídos por Hernández que ascienden a 448.000 y las transferencias practicadas por el mismo a favor de María Angélica Naveas Lagos”, dice la resolución del juez Daniel Cesari Hernández.
Jury pendiente
A partir del inicio de la causa penal por el presunto delito de cohecho agravado, al juez Raúl Nadim Sahade se le inicio un proceso de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura, el cual está pendiente de resolución a partir del dictamen que formuló el Fiscal Acusador, abogado José Rodas Fernández, quien entendió que la prosecución de las actuaciones se deben suspender hasta tanto haya una resolución en el expediente que se tramita en el Juzgado de Instrucción Nº 1 del Distrito Judicial Norte.
De todas maneras, la resolución de los consejeros sobre la situación del juez Sahade no sólo debería evaluar la resolución de la causa, ya que el apartamiento de un magistrado no sólo surge cuando comete un hecho delictivo, sino cuando su conducta encuadra en las causales para aplicar la sanción de destitución, que pueden ser: Mala conducta, morosidad o negligencia en el cumplimiento de sus funciones; desconocimiento notorio del derecho; inhabilidad física o moral sobreviniente; entre otros.
Cabe subrayar que cuando los Camaristas dieron a conocer los hechos al juez Gonzalo Sagastume, hablaron de “presuntas conductas que al menos podrían resultar contrapuestas con la ética de un magistrado de este Poder Judicial”.
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La pericia comprometedora La pericia que comprometió al juez Sahade surge de un allanamiento ordenado por el juez Cesari Hernández en el domicilio de la abogada. Esa medida se realizó el 5 de diciembre del año pasado y allí fue secuestrado un teléfono “Samsung gris modelo A 6058”. |
