rgumentando la existencia de impedimentos operativos y normativos, el Poder Ejecutivo vetó totalmente el proyecto que impulsa que la Agencia de Recaudación Fueguina deba transferir mensualmente y de manera directa a la Caja de Previsión Social el importe recaudado por Fondo Financiamiento para el Sistema Previsional el 5° día hábil, contado a partir de la última fecha de vencimiento para el impuesto sobre los ingresos Brutos.
Desde la gestión Melella se sostuvo que el mecanismo de “goteo diario” propuesto en el proyecto resulta “desde el punto de vista operativo” de imposible cumplimiento para el órgano recaudador, ya que la AREF no puede ordenar al Banco de la Provincia que transfiera desde la Cuenta Única del Tesoro a la Caja los recursos provenientes del Fondo de Financiamiento del Sistema Previsional (FFSP) “por cuanto el procesamiento de la información suministrada para las acciones de control y certificación correspondientes a dichos impuestos, requiere de un tiempo mínimo perentorio mayor al establecido” por el proyecto.
Se indica además “que la autoridad a cargo de la certificación y registración de los impuestos resulta el Ministerio de Finanzas Públicas y no el órgano recaudador”, cuya intervención “se limita a la remisión de un reporte diario y mensual correspondiente a los ingresos de los recursos obtenidos en base al FFSP, mientras que el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Tesorería General y la Contaduría General, se encuentra a cargo de la certificación (registración y liquidación) de dichos recursos”, por lo que el cambio en el actual esquema de remisión de los recursos correspondientes al FFSP “afectaría de forma inconveniente la administración del sistema de registración de recursos, el ejercicio de las competencias correspondientes al Ministerio de Finanzas Públicas y la coordinación de los sistemas de tesorería y contaduría pública”.
El referido proyecto de ley había sido presentado por el legislador del PJ Ricardo Furlan para su tratamiento sobre tablas en la sesión realizada el pasado 30 de septiembre, y resultó aprobado con el respaldo de los 11 legisladores de los bloques Frente de Todos-PJ, Partido Verde, Justicialista Provincial, UCR y MPF, y la oposición de los 4 integrantes de la bancada oficialista.
Los votos obtenidos en esa sesión superan los 2/3 que fija la Constitución como piso mínimo para que la Legislatura pueda rechazar el veto e insistir en la aprobación del proyecto. En caso de que alguno de los bloques que votaron a favor revea su postura, no se alcanzarían los 10 votos necesarios para la insistencia y el proyecto no podrá volver a ser tratado en lo que resta del año. Para resolver la aceptación o rechazo del veto el Parlamento no cuenta con plazo temporal alguno.
