arias denuncias fueron radicadas en la justicia penal en los últimos meses con resoluciones diferentes por parte de vecinos que intentaron comprar departamentos en empresas que se dedican a la venta en pozo. Esto implica un pago adelantado de una suma pactada y luego planes de pagos en cuota hasta que el inmueble queda terminado en condición de ser entregado.
En uno de los casos Roxana Leonor Hernández se constituyó en querellante en contra de Javier Cuellar Quispe quien supuestamente y según la denuncia tenía vinculación con una empresa constructora de Ushuaia. La denunciante había acordado la compra de un departamento en la calle Los Arrieros al 100, pero ante la demora y el no cumplimiento de la entrega del inmueble radicó una denuncia por presunta estafa.
Otra vecina que denunció a Javier Cuellar Quispe fue Victoria Vanesa Scaramuccia. La misma entregó la suma de 845.000 pesos por un departamento en la calle Los Lupinos al 1800. Debido a que en este caso no se cumplió el plazo de entrega de la unidad solicitó la restitución del dinero y radicó una denuncia por estafa.
Pero no es el único caso de denuncias registradas en la justicia de Ushuaia. Los vecinos Victorio Millacahuin Ojeda y Laura Burela, denunciaron a Ronald Socaza Morales, responsable de Patagonia Sur Construcciones TDF. Los mismos ingresaron al sistema denominado llave en mano y para ello entregaron una camioneta Mercedes Benz GLK 300 por un departamento de 32 m2.
Según señalaron los damnificados fueron víctimas de una maniobra de publicidad engañosa armada a sólo efecto de atraer potenciales víctimas. Además, señalan que Socaza aparentaba una situación patrimonial estable y responsabilidad empresarial a efectos de provocar la entrega de vehículos y dinero, pero luego nadie de la empresa aparecía y ni siquiera se daba inicio a la obra en cuestión.
Dichas presentaciones tramitan en el Distrito Judicial Sur, aunque no se han registrado mayores avances en torno a las causas, ya que las mismas no estarían siendo tomadas como presuntas estafas por parte del Ministerio Público Fiscal o por los juzgados de instrucción. La discusión radicaría en si las mismas deben ser desestimadas o bien tramitar en el fuero civil como una cuestión entre privados.
