ara agilizar los procedimientos administrativos vinculados con la contratación de servicios no personales, bienes de uso y bienes de consumos necesarios para combatir el incendio forestal que ya afectó una superficie de miles de hectáreas de la reserva natural Corazón de la Isla, la Legislatura declaró hasta el 30 de junio de 2023 la emergencia ambiental en toda la provincia.
La ley, ya promulgada, habilita al Poder Ejecutivo a disponer de hasta 2 mil millones de pesos “para propiciar la supresión y combate de incendios, la restauración de las zonas afectadas, la prevención de nuevos focos, como así también preservar el ecosistema, las zonas productivas, la salud y seguridad de la población, y mitigar los daños ambientales y patrimoniales” derivados de los incendios. Los fondos destinados a tal efecto podrán ser recursos propios o los obtenidos por la tenencia o colocaciones financieras realizadas con los bonos en dólares emitidos durante la gestión Bertone.
La norma sancionada a solicitud del Poder Ejecutivo en la sesión del pasado miércoles 7, establece también la prohibición de encender fuego en lugares agrestes hasta el 30 de junio de 2024, pero habilitó a la autoridad de aplicación a disponer excepciones a esa prohibición.
En el marco de la emergencia declarada, se habilitó que las contrataciones a realizar tramiten por vía de excepción, y que estén sujetas al control previo por parte de las unidades de auditoria interna de los ministerios involucrados, y al control posterior por parte del Tribunal de Cuentas. Además se autorizó al Ministerio de Economía a la creación y adecuación de partidas presupuestarias, a fin de disponer de los recursos económicos necesarios a tal fin.
También se invitó a los municipios a adherir a la emergencia y hacer extensiva la prohibición de hacer fuego en zona agrestes, de acampe y camping ubicados dentro de sus ejidos.
El jueves 8, la Oficina Provincial de Contrataciones dictó la reglamentación que regula las contrataciones que deban realizarse como consecuencia de la emergencia ambiental, a fin de que el Estado cuente con un proceso claro, ágil y preciso, que dote a las compras que se realicen de la celeridad, eficiencia y eficacia necesaria que la emergencia declarada amerita.
