n informe de la consultora IERAL de la Fundación Mediterránea, señala que en catorce provincias del país, más de la mitad de los jubilados y pensionados accedieron a las prestaciones del régimen nacional a través de moratorias. En el caso de Tierra del Fuego, es de un 51%; ubicándose por debajo de la media nacional.
En cuanto a la relación de jubilados y pensionados sobre personas en edad de retiro, según el género, en Tierra del Fuego el 88% son mujeres y el 120% son varones. En este caso la media nacional señala que el 88% son mujeres y 94% varones.
El informe fue elaborado en base a datos del INDEC, que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Allí se observa que, a nivel nacional, el 53% de los jubilados y pensionados de ANSES accedieron a esos beneficios mediante una moratoria, lo cual equivale a 3,5 millones de personas (de un total de 6,7 millones).
Si se desagregan los datos a nivel provincial, se observan disparidades significativas: En Corrientes 2 de cada 3 jubilados y pensionados del SIPA accedieron por moratoria, mientras que 3 provincias superan este guarismo: Misiones (68%), Chaco (71%) y Formosa (78%). En el otro extremo se encuentran La Rioja (35%), Catamarca (37%) y CABA (40%). Buenos Aires, por su parte, cuenta con un número muy similar a la media nacional: 55%. Esto no sorprende si se tiene en cuenta que el 39% de los jubilados y pensionados del SIPA (2,6 millones de personas) y el 40% de los que accedieron a una moratoria (1,4 millones) son de esa provincia.
El informe puntualiza que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cubre a la mayoría de los trabajadores registrados, administrado por ANSES, complementado por otros esquemas previsionales con normativa propia, como el del personal militar de las fuerzas armadas y de seguridad, personal policial, entre otros.
También existen esquemas especiales para empleados públicos provinciales o municipales y cajas de previsión social para profesionales. Todos estos esquemas brindan prestaciones por vejez, invalidez y supervivencia, pero difieren en la determinación de su cuantía y en las condiciones de acceso.
Dada la elevada informalidad laboral reinante en Argentina, un porcentaje muy significativo de personas en edad jubilatoria o cercana a ella no cumplimenta todos los requisitos exigidos por la legislación para acceder a esos beneficios. En el caso del SIPA, por ejemplo, los 30 años de aportes requeridos por ley no son alcanzados en la mayoría de los casos. Ante esta situación, existe la posibilidad de acceder a una jubilación y/o pensión por moratoria, un esquema que permite completar los años de aporte faltantes mediante descuentos (Unidad de Cancelación de Aportes) al monto percibido en concepto de haber jubilatorio.
