ara neutralizar el impacto que el incremento salarial del 26% dispuesto a partir del 1 noviembre por el Tribunal de Cuentas, que actúa como base de cálculo para fijar la remuneración de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Provincial y de los Legisladores, el Gobernador dispuso a fines del mes pasado incrementar el porcentaje de suspensión de los aumentos a aplicar sobre su remuneración.
En función de lo establecido en el decreto 3247, dictado el 29 de noviembre y publicado ayer en el Boletín Oficial, el porcentaje de detracción a aplicar sobre la remuneración del Gobernador pasa del 23% al 38%, en tanto que se mantienen el 21% para el caso de la Vicegobernadora.
Con la entrada en vigencia del último aumento en los haberes del personal del Tribunal de Cuentas, la remuneración de ley del mandatario ascendió a partir del 1 de noviembre a un bruto de 1.056.000 pesos, que por aplicación de la retracción del 23% quedó en 813.200 pesos en bruto.
Con la modificación sobre el porcentaje de retracción, en diciembre la remuneración bruta del Gobernador quedó en 654.700 pesos, que con los descuentos de ley arrojaría una remuneración de bolsillo cercana a los 300 mil pesos.
En el referido decreto se recuerda que mediante el artículo 36 de la ley de presupuesto 2021 se estableció que la remuneración del Gobernador sea equivalente a 6 veces la remuneración básica que perciban los agentes Categoría E del Escalafón Profesional Universitario (EPU), y que la de estos sea equivalente al básico de escala de la Categoría A3 del cuerpo de auditores del órgano del Tribunal de Cuentas, y que en marzo de este año dictó el decreto 652 en el que dispuso aplicar un 26% de detracción sobre la remuneración bruta de ley que le corresponde percibir, y del 21% para el caso de la Vicegobernadora.
“Dicha suspensión fue decidida como medida de carácter extraordinaria en pos de lograr una política salarial equilibrada, coordinada, armónica, razonable y equitativa dentro del sector público provincial (…) avalada por los principios de equidad y justicia social, sobre los cuales el Estado debe organizar su sistema de gobierno, procurando equilibrio y equidad”, sostiene el mandatario.
Agrega que “la situación económica nacional, agravada por el contexto internacional de guerra en Europa del Este entre la Federación de Rusia y la República de Ucrania, incidió negativamente sobre todas las economías mundiales, de las cuales nuestro país no se encuentra exento, como así tampoco las economías familiares de los trabajadores estatales de la Provincia”, y que si bien “desde este Ejecutivo Provincial se han realizado los mejores esfuerzos para poder otorgar mejoras salariales para todos los agentes de la Administración, lo cierto es que la situación económica de constante alza inflacionaria, afecta directamente a los trabajadores del sector público, siendo la presente una medida que empatiza con dicha difícil situación que sobreviven día a día dicha clase trabajadora en sus economías hogareñas”.
Afirma que “en aras de afianzar la implementación de tal política pública salarial, es necesario adoptar medidas que coadyuven a sostener e incluso ahondar tal decisión, permitiendo así, contribuir a lograr dichos propósitos” y que “el incremento del porcentaje de suspensión de los haberes que se amplía con el dictado del presente, se fundamenta como una medida excepcional, pero basada en dichos preceptos de justicia y equidad social, entendidos sobre la base de un sistema de gobierno cuyos principales representantes, se disponen continuar transitando el camino de acciones tendientes a materializar la política salarial que proponga un sistema más equilibrado, coordinado, armónico, razonable y equitativo dentro, del sector público provincial”.
