ste día, la Comunidad Indígena Rafaela Ishton del Pueblo Nación Selk´nam, recibe el título de propiedad de sus tierras comunitarias, convirtiéndose en el primer pueblo originario del país en acceder a las escrituras de su territorio.
Después de una perseverante actividad de los sobrevivientes del genocidio consumado en Tierra del Fuego, los representantes de la comunidad reciben el ansiado documento que deja constancia de la propiedad comunitaria de las tierras próximas a Tolhuin.
Alcanzar este reconocimiento demandó varios años de insistentes campañas de concientización, entrevistas con políticos y gobernantes, y debates parlamentarios y en los medios de comunicación. Este despliegue de los referentes de los descendientes de las etnias fueguinas, lograron la ansiada legalización de la propiedad de sus tierras.
Esta labor militante comenzó en 1990, cuando unas 51 familias pertenecientes al pueblo selknam, decidieron organizarse como comunidad, poniendo a la cabeza a Segundo Arteaga, Enriqueta Gastalumendi de Varela, Virginia Chonquitel, Herminia Vera y Pablo Pacheco, siendo designados presidente y vice presidenta de la primera comisión Rubén Darío Maldonado y Ermelinda Amalia Gudiño, respectivamente.
Se registró bajo personería jurídica N° 15, en 1995, e iniciaron el reclamo de sus tierras ancestrales, concedidas por el gobierno de Marcelo T. de Alvear en 1925 y que estaban ocupadas de hecho por particulares, que pretendían quedarse con ellas.
En 1998, la Legislatura Provincial reconoció el tratado firmado en 1925 entre el gobierno de Alvear y el pueblo selknam y, a través de la Ley 405, se restituyeron 35.000 hectáreas de tierras comunitarias de las 45.000 que les correspondían, ya que el Estado provincial se reservó una parte para dar espacio al municipio de Tolhuin.
Este enorme logro tuvo que sufrir alguna negociación adicional, dado la existencia de una estancia perteneciente al empresario José Luis Paños, quien contaba con un título de propiedad de ese predio, que estaba inserto en los lotes adjudicados por Alvear a la Comunidad. Finalmente, hubo un acuerdo que superó el litigio.
Todo ello fue parte de un proceso complejo y de una lucha perseverante de parte del Consejo de Ancianos que culminó en 2011 con la escrituración de las tierras y la entrega del título de propiedad comunitario.
