l compromiso asumido por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional de avanzar en una reforma integral del sistema impositivo argentino, sumado al anuncio del ministro de Economía de Nación de que es pretensión que el proyecto de reforma sea abordado por el Congreso, a más tardar, después de la elección de octubre, ha generado una lógica y entendible preocupación en los Gobernadores por la ausencia de precisiones concretas respecto al nuevo esquema impositivo que la gestión Milei pretende que rija en el país.
La cuestión adquiere particular relevancia porque la gestión Milei ya ha aplicado medidas en materia de Ganancias e IVA que han tenido un impacto negativo en la coparticipación a las provincias, las que además deben financiar con recursos propios programas y obras públicas que han sido abandonadas por el Gobierno Nacional.
El presidente ha señalado públicamente que su intención de reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales, eliminar impuestos distorsivos provinciales y tasas municipales, y fomentar una competencia fiscal entre las provincias para capturar inversiones. Pero
la falta de una instancia de negociación o consulta por parte de Nación genera preocupación en las jurisdicciones provinciales, ya que no se está claro cómo se podrá dar esa competencia fiscal entre provincias que presentan realidades materia productiva, social, de infraestructura y logísticas muy distintas, sobre todo cuando hay un Gobierno nacional que no se muestra muy interesado en aplicar políticas tendientes a reducir esas disparidades o desventajas comparativas.
