ediante dictamen 52/25, el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, exhortó al Ministerio de Educación a adoptar “las garantías legales” que correspondan, frente a las “desobligaciones” que el SUTEF (sindicato docente), realiza en las escuelas como medida gremial para reclamar por una mejora salarial, interrumpiendo el normal dicta de las clases, en este ciclo lectivo 2025.
En su dictamen, el Fiscal de Estado, señala: “Debo exhortar al Ministro de Educación que, con intervención de las áreas involucradas y el apoyo de los servicios legales bajo su órbita, adopte, con las garantías legales que correspondan, las medidas del caso respecto de este tipo de incumplimientos al servicio”.
La intervención de la Fiscalía de Estado fue motivada por la progenitora de dos alumnas de la Escuela Provincial 16 “Doctor Arturo Mateo Bas”, a raíz de las reiteradas suspensiones de clases, por el estado edilicio del colegio y, además, debido a la supuesta falta de personal, paros y jornadas de "desobligación" de los docentes.
La denunciante, argumentó en su presentación que por todo lo que sucede en el colegio mencionado, existe una “transgresión sistemática del derecho a la educación de sus hijas”.
En su escrito, Martínez de Sucre hace mención a una contestación que se hizo desde el Ministerio de Educación sobre las “desobligaciones”. Al respecto, señaló que en esa respuesta la cartera educativa “no aborda en absoluto las reiteradas y constantes denuncias” sobre los paros docentes y las desobligaciones “como causas de la falta de clases. Este silencio sobre un aspecto central de la queja de la denunciante representa una omisión notable y Ilamativa”.
La Fiscalía, en su dictamen, subraya que “no caben dudas que las desobligaciones afectan directamente el normal dictado de clases, entorpeciendo la jornada escolar y, consecuentemente, el derecho a la educación de los estudiantes”.
“Desde este punto de vista, las autoridades del Ministerio de Educación cuentan con herramientas pedagógicas y de gestión escolar para disponer lo conducente a fin de cumplir con la obligación de mantener abiertas las escuelas, garantizar una mínima asistencia del cuerpo docente y procurar el desarrollo de actividades educativas básicas”, indica el dictamen.
Respecto a la situación edilicia, que forma parte de la denuncia, el Fiscal de Estado indica en su escrito que “a pesar de las herramientas proporcionadas por el Poder Legislativo -de carácter extraordinario y que, se supone, no debería ordinarizarse-, se siguen verificando omisiones de los funcionarios del Ministerio para Ilevar a cabo las acciones que están bajo su competencia para resolver la situación edilicia (por ejemplo, no asignar fondos, no autorizar obras, no gestionar contrataciones, no elevar los informes necesarios, etc.)”.
