uan Martín Fernández, Director General de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), explicó que la iniciativa ya fue girada al Ministerio de Economía y se espera que en breve llegue a la Legislatura para su tratamiento. El plan permitiría saldar deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025 con beneficios en intereses, recargos y multas.
Fernández indicó que el esquema prevé una diferenciación entre grandes y pequeños contribuyentes. “La remisión de intereses para quienes estén encuadrados como pequeños será del 100% si se opta por el pago en una sola cuota”, detalló. En cambio, los grandes contribuyentes —definidos como aquellos con una base imponible superior a los 2.000 millones de pesos en los últimos 12 meses— podrán acceder a un esquema de condonación parcial, comenzando con un 50% en caso de pago único.
Además, se establecerá un tope en las tasas de interés para los planes de pago, que no superará el 2,5% en ninguna de sus modalidades. Los pequeños contribuyentes podrán acceder a hasta 60 cuotas y los grandes, a 36. Fernández aclaró que los beneficios irán disminuyendo a medida que aumente el número de cuotas elegidas.
Desde la AREF estiman que entre 1.500 y 1.700 contribuyentes podrían ingresar al régimen. Este universo incluye personas físicas, pequeños comerciantes y empresas. “El régimen de morosidad en general en la provincia está entre el 5% y el 7%. Dentro de ese porcentaje están los potenciales beneficiarios”, indicó el funcionario.
Consultado por el impacto en las finanzas provinciales, Fernández aseguró que, aunque los ingresos que podrían recuperarse “siempre vienen bien”, el espíritu de la norma no es recaudatorio. “Se trata de una medida que apunta más al alivio que a la recaudación. Es una herramienta útil para ayudar a quienes están en dificultades a mantenerse al día”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que el proyecto también responde a planteos de distintos sectores productivos, comerciales y de servicios que se manifestaron ante el Ejecutivo. En un contexto de caída de transferencias nacionales, la provincia busca fortalecer su recaudación propia sin asfixiar a quienes sostienen la actividad económica.
El texto legal sería tratado por la Legislatura entre noviembre y diciembre, salvo que se convoque a una sesión extraordinaria. “No debería generar grandes polémicas, porque es una herramienta en favor de la sostenibilidad de la actividad privada”, señaló Fernández.
