l camarista Andrés Leonelli confirmó que iniciará acciones legales contra el abogado Jorge Pintos y la empresa Google, por considerar que ambos difundieron afirmaciones falsas en el marco del proceso de jury que enfrentó y del que fue desvinculado. La demanda se basará en la figura de 'real malicia’, que implica una intención deliberada de dañar utilizando información falsa.
“Lo que estamos discutiendo es cuando alguien, conociendo que algo es de una manera, lo tergiversa deliberadamente para perjudicar o beneficiar intereses propios”, señaló en comunicación con Zoom a Diario. Indicó que su equipo jurídico trabaja junto a un estudio de Buenos Aires, y que, en el caso de la demanda contra Google, también se encuentra en contacto con un bufete internacional especializado.
El camarista sostuvo que fue el motor de búsqueda quien primero asoció su nombre a una denuncia que no tenía sustento, y que esa vinculación injusta desencadenó una serie de consecuencias personales y profesionales. “Google fue quien inició este derrotero injusto. Y eso es lo que queremos discutir jurídicamente”, expresó.
En cuanto al abogado Jorge Pintos, afirmó que sus declaraciones públicas fueron de gravedad y que actuó desde el comienzo con una postura maliciosa. “Fue un actor absolutamente irresponsable desde el inicio de esta raíz que tuve que atravesar”, manifestó. Aseguró que, a pesar de no haber elementos que justificaran las acusaciones, se utilizó su nombre con fines ajenos a la búsqueda de verdad.
Leonelli remarcó que estas acciones judiciales no buscan restringir la libertad de expresión ni el rol de los medios, sino establecer límites frente a quienes difunden falsedades con conocimiento de causa. “No se trata de limitar voces. La libertad de prensa es esencial. Pero también lo es el derecho al honor y a que la información que se difunde sea veraz”, indicó.
En ese sentido, planteó que existe una tensión legítima entre distintos derechos constitucionales, y que el caso servirá para discutir hasta dónde pueden llegar los medios y los actores públicos cuando la información que transmiten es falsa. “Ahí quizás se chocan dos derechos: la integridad, el honor, la veracidad, frente a la libertad de prensa. Pero no pasa por ahí la cuestión. El problema es la tergiversación con intencionalidad”, subrayó.
Finalmente, destacó la necesidad de revisar el modo en que se construye la opinión pública en torno a casos judiciales. “Cuando alguien actúa con recursos, acceso a la verdad y poder de difusión, tiene una responsabilidad mayor. Si igual decide dañar, eso es malicia real”, concluyó.
