a fabricación de celulares en la provincia acaba de entrar en una nueva fase. Con la Resolución 489/2025 del pasado 12 de noviembre, el Gobierno nacional aprobó un proceso productivo que reemplaza al que regía desde 2018 y que, en 180 días, será el único válido para acreditar origen bajo el régimen de la Ley 19.640. Se trata de una actualización del diseño normativo que redefine de manera significativa las exigencias técnicas y administrativas para la fabricación de equipos de telefonía celular.
El cambio se gestó a partir de una propuesta de la Unión Industrial Fueguina y AFARTE, respaldada luego por la Cámara Fueguina de la Industria Nacional y avalada técnicamente por el Ejecutivo provincial.
Entre las modificaciones centrales, la más significativa es la redefinición del índice de despiece, el parámetro que mide cuántos componentes deben ingresar por separado al Área Aduanera Especial. Mientras el esquema de 2018 exigía un mínimo del 40 por ciento con inserción de componentes en la placa principal o del 70 por ciento sin esa operación, además de permitir una producción parcial con un despiece del 50 por ciento, el nuevo esquema fija un único umbral del 30 por ciento. La reducción implica que se pasa de un régimen que incentivaba una integración más profunda a otro que flexibiliza el proceso industrial.
Se elimina también la obligación de insertar componentes electrónicos en la placa principal, un requisito que antes era obligatorio para modelos con pantallas superiores a ocho pulgadas.
Otro cambio importante se da en la estructura institucional del régimen. La resolución publicada el viernes 14 en el Boletín Oficial Nacional, determina que el Ministerio de Economía de Nación, a través de la Subsecretaría de Gestión Productiva, será responsable de analizar los pedidos técnicos, habilitar nuevas tecnologías de montaje y definir las excepciones. El proceso anterior colocaba a la provincia como primer actor del circuito, ya que era quien evaluaba dictámenes técnicos y elevaba toda la documentación a Nación. Con el nuevo sistema, ese camino se acorta, se unifican criterios y la provincia mantiene un rol de opinión no vinculante.
Las reglas para incorporar nuevas tecnologías de montaje también se agilizan. Una vez aprobada una tecnología por Nación, la autorización se extiende automáticamente a todas las empresas con proyectos aprobados. Antes, la revisión estaba más ligada a la evaluación provincial.
Las dispensas por razones técnicas también se simplifican. Ahora el análisis principal queda en manos del Ministerio de Economía, que luego da intervención a la provincia para observaciones. El régimen anterior requería un paso inicial obligatorio por el Ministerio de Industria fueguino antes de llegar a Nación.
Una diferencia marcada aparece en los insumos nacionales. El régimen anterior imponía que embalajes, etiquetas, manuales y folletería fueran de origen nacional y establecía un mecanismo estricto para justificar faltantes. En tanto que el nuevo no incorpora esa obligación.
Las cámaras empresarias sostienen que con esta actualización se busca alinear el régimen con los estándares actuales de la industria global, simplificar el andamiaje normativo y facilitar la adopción de tecnologías de montaje más modernas. Los críticos señalan que el cambio implica menores exigencias de integración local y una potencial pérdida de puestos de trabajo.
