rganismos de monitoreo marítimo identificaron esta semana al buque Lu Qing Yuan Yu 205, perteneciente a una flota subsidiada por el Estado chino, realizando movimientos compatibles con tareas de prospección en la plataforma continental argentina. El registro de su trayecto y maniobras fue reportado por un medio especializado en seguimiento marítimo.
Según el informe, el buque realizó desplazamientos lentos, rectilíneos y repetidos, un patrón que, según el especialista Milko Schvartzman, coincide con los utilizados en estudios biológicos o geológicos y que ya había sido detectado en 2022 y 2023. Al no contar con autorización argentina, estas maniobras refuerzan la sospecha de que el barco podría estar mapeando la abundancia y distribución de especies clave del recurso pesquero argentino, como calamar o merluza, o incluso realizando prospecciones sobre posibles reservas de hidrocarburos y otros recursos del subsuelo marino de la plataforma continental, donde el país ejerce derechos soberanos exclusivos.
Organizaciones dedicadas al control ambiental y a la defensa de los recursos marinos advirtieron que este tipo de maniobras se repite desde 2022, y que su reiteración evidencia una fragilidad estructural en los mecanismos de vigilancia satelital y fiscalización de flotas extranjeras en aguas jurisdiccionales argentinas.
Para la provincia de Tierra del Fuego y el conjunto de la Patagonia, estos episodios revisten particular gravedad, ya que la plataforma continental y el Atlántico Sur conforman espacios clave para la pesca, la biodiversidad y los recursos naturales. Una prospección no autorizada puede comprometer recursos que abastecen economías regionales, afectar hábitats marinos y poner en riesgo los requisitos de conservación ambiental.
Desde organismos argentinos aún no se difundió información oficial pública sobre la autorización de ese tipo de estudios para buques extranjeros, y no consta que se haya solicitado permiso. Especialistas en soberanía marítima y normas del derecho internacional del mar remarcan que cualquier exploración en la plataforma continental debe contar con autorización previa.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles estatales, el monitoreo satelital continuo y los mecanismos de inspección, para prevenir actividades no reguladas. Ante la ausencia de respuestas oficiales claras, organismos ambientales y sociales exigen que el Estado argentino actúe con transparencia, fiscalización rigurosa y exigencia de permisos para preservar la soberanía y los recursos del Atlántico Sur.
