n el contexto del debate legislativo por el proyecto de ampliación del ejido urbano de la ciudad de Ushuaia, de autoría del legislador Juan Carlos Pino, el Ministerio Público de la Defensa elevó una nota formal a la Legislatura provincial en la que solicita extrema prudencia en el tratamiento de la iniciativa y reclama mayor participación ciudadana en una decisión de alto impacto territorial. El planteo fue realizado por el Defensor Público Oficial Federal, José Bongiovanni, mediante un documento fechado el 22 de diciembre de 2025
En primer lugar, el magistrado explicó que su intervención se fundamenta en el rol constitucional del organismo a su cargo, vinculado a la promoción y protección de los derechos humanos, la legalidad y los intereses generales de la sociedad. En ese marco, recordó que el Ministerio Público de la Defensa ha participado activamente en investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con la protección de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
A partir de esa experiencia, Bongiovanni señaló que el Poder Legislativo fueguino se encuentra actualmente abocado al tratamiento de proyectos de ley de fuerte impacto ambiental, entre los que mencionó la modificación de la actividad acuícola, el acuerdo con YPF y la gestión de pasivos ambientales, y la ampliación del ejido urbano de Ushuaia. En ese sentido, remarcó que este tipo de decisiones requiere un mayor nivel de debate democrático, dado que sus efectos trascienden a las generaciones actuales.
Asimismo, el Defensor advirtió que la propuesta de ampliación del ejido urbano “en la forma que se propone” resulta inconveniente, especialmente por el momento del año en que se impulsa y por la falta de condiciones adecuadas para garantizar transparencia y participación popular. Según expresó, no se advierte que el proceso haya contemplado instancias amplias de acceso a la información y consulta ciudadana.
Por otra parte, la presentación subraya que Ushuaia presenta problemas estructurales no resueltos en materia de urbanización. En ese sentido, Bongiovanni recordó las consecuencias de la falta de planificación urbana, que derivaron en desmontes agresivos, ocupaciones en zonas no aptas y barrios con graves déficits de servicios básicos. A partir de ello, señaló que la ampliación del ejido urbano contrasta con la realidad de sectores de la ciudad que aún carecen de acceso pleno a gas, agua, electricidad y saneamiento.
A continuación, el Defensor alertó que el territorio que se pretende incorporar al ejido municipal incluye glaciares, humedales, bosques y cuencas hídricas, todos ellos protegidos por normas de máxima jerarquía legal. En este punto, aclaró que la gestión de esos espacios no puede limitarse a una competencia exclusivamente local, dado que el poder de policía ambiental corresponde al Gobierno Provincial y que rige legislación nacional específica en la materia.
En paralelo, el documento menciona la falta de respuesta técnica a las objeciones planteadas por el Colegio de Arquitectos, así como las manifestaciones públicas de organizaciones ambientales, entre ellas la Asociación Manekenk, que se expresaron en contra de la ampliación del ejido urbano en los términos propuestos. Según el Defensor, estos posicionamientos no han sido debidamente refutados dentro del debate legislativo.
Por último, Bongiovanni sostuvo que la magnitud de los derechos en juego —relacionados con el ambiente, el ordenamiento territorial y el acceso equitativo a la ciudad— exige un debate más amplio, participativo e informado, que garantice la legitimidad democrática de la decisión. En ese marco, concluyó que el tratamiento actual del proyecto no parece haber alcanzado ese estándar mínimo, por lo que reiteró su llamado a la prudencia legislativa.
