l reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) volvió a quedar en el centro de la discusión política y fiscal. En lo que va de 2025, el Gobierno nacional distribuyó $199.500 millones a través de este mecanismo, creado para asistir a las provincias ante emergencias financieras. Sin embargo, la forma en que se ejecutaron los fondos reavivó las críticas por discrecionalidad y uso político de los recursos públicos.
En ese sentido, los datos oficiales muestran un cambio abrupto en el ritmo de distribución. Durante las últimas dos semanas, el Ejecutivo giró $66.500 millones, lo que representa el 33% del total anual y un incremento cercano al 50% respecto del promedio previo. Además, esos fondos no se repartieron de manera generalizada, sino que se concentraron exclusivamente en seis provincias.
Los distritos beneficiados fueron Tucumán, que recibió $20.000 millones; Misiones, con $12.000 millones; Chaco, con $11.000 millones; Catamarca, con $10.500 millones; Entre Ríos, con $7.000 millones; y Salta, con $6.000 millones. Todas estas provincias tienen en común el buen vínculo de sus gobernadores con la Casa Rosada.
A partir de esta distribución, el debate se trasladó rápidamente al Congreso. Diputados de Tucumán, Misiones y Catamarca, tres de las provincias que recibieron ATN, acompañaron al oficialismo en el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026, actualmente en discusión parlamentaria. La coincidencia temporal entre los giros de fondos y los respaldos legislativos reforzó las críticas de sectores opositores, que denuncian un esquema de premios y castigos basado en alineamientos políticos.
Mientras tanto, la mayoría de las provincias quedó fuera del reparto, pese a atravesar situaciones fiscales complejas. Entre los casos más señalados aparece Tierra del Fuego, que no recibió ningún ATN desde la asunción de Javier Milei, a pesar de su dependencia estructural de transferencias nacionales y del impacto del ajuste sobre su economía regional.
En ese contexto, legisladores y referentes provinciales advirtieron que la exclusión de distritos no alineados con el oficialismo profundiza un esquema de distribución desigual de recursos, en contradicción con el carácter federal que debería regir este tipo de transferencias. Según remarcan, el criterio aplicado no responde a indicadores objetivos de necesidad financiera, sino a decisiones políticas discrecionales.
Además, el debate se da en un escenario de fuerte ajuste fiscal, caída de ingresos provinciales y reducción de partidas nacionales. En ese marco, los ATN adquieren un rol central para sostener el funcionamiento de los estados subnacionales, lo que vuelve más sensible la discusión sobre su asignación.
Por último, el manejo de estos fondos vuelve a quedar bajo la lupa no solo por el monto distribuido, sino por quiénes reciben asistencia y quiénes quedan excluidos. Para provincias como Tierra del Fuego, la ausencia total de ATN se suma a un escenario económico adverso y refuerza los cuestionamientos sobre un modelo de reparto que, según denuncian, prioriza la afinidad política por sobre las necesidades reales de cada distrito.
